Polémica por las PASO en Mendoza llega a la Justicia

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  Mendoza - La polémica generada en la provincia tras la reglamentación de las PASO locales motivó a la oposición a avanzar en presentaciones judiciales que se activarán en los próximos días. Sin embargo, el radicalismo de San Carlos tomó la posta y pidió al gobernador, Francisco "Paco" Pérez, definiciones sobre el financiamiento estatal de las campañas.

Dos son los precandidatos a intendente por el radicalismo en San Carlos, Daniel Ortega y Marcelo Romano, municipio que tendrá primarias el 22 de febrero y elecciones generales el 3 de mayo.

El martes último, Ortega y Romano, junto a apoderados de la UCR, emplazaron a Pérez para que informe sobre algunos puntos del decreto reglamentario de las PASO.

Los precandidatos radicales le exigen al gobernador que, en un plazo de 48 horas -vence hoy-, "informe el procedimiento de contratación de la pauta publicitaria, el cronograma de distribución de la misma y las sumas invertidas a tales efectos, así como también las empresas con las que se contrató. La intimación aclara que se hace bajo "apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales".

El problema radica en que el artículo 33 de reglamentación de las PASO en Mendoza expresa que "la obligación de pago de la publicidad electoral por parte del Estado provincial se ejecutará en la medida y la extensión de los convenios que se realicen con la Nación por los servicios audiovisuales y/o con los municipios, en el caso de publicidad por vía pública".

El artículo detalla que

"en caso que no se hubiesen realizado los convenios Nación-Provincia-Municipios correspondientes y/o el Poder Ejecutivo provincial no contara con la partida presupuestaria específica para atender el gasto para publicidad electoral, al momento de la convocatoria a primarias y/o elecciones generales provinciales o municipales, queda suspendida para las elecciones provinciales y/o municipales res-

pectivas la obligación establecida en la Ley 8.619 a cargo del Estado Provincial de financiar las campañas de publicidad electoral".

Además, y en caso de ocurrir esa situación -también dependerá de cómo saldrá sancionado el Presupuesto 2015, que volverá a debatirse en febrero-, "quedará también suspendida para las elecciones la prohibición dispuesta por la Ley 8.619 a las agrupaciones políticas de contratar en forma privada, por sí o por terceros, la publicidad electoral". Para este caso, las agrupaciones más pequeñas consideran que representa una desventaja frente a los partidos más grandes.

En tanto, la otra polémica generada en la provincia por la intención del probable candidato a gobernador por el radicalismo y actual intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, de ir atado a las boletas presidenciales de FAUnen y del PRO -negada ahora tras la reglamentación de las PASO locales que impuso Pérez- avanzó ayer con el recuerdo de una situación similar que tuvo Entre Ríos en 2011.

Hace cuatro años, en el distrito gobernado por el precandidato presidencial del Frente para la Victoria Sergio Urribarri, un fallo -luego frenado- permitió al entonces candidato a gobernador Atilio Benedetti -junto al postulante a diputado provincial Lisandro Viale- pegar su boleta a la de dos candidatos a presidente de dos alianzas diferentes: Ricardo Alfonsín, de Unión para el Desarrollo Social (Udeso); y Hermes Binner, del Frente Amplio Progresis-ta (FAP).

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