26 de septiembre 2013 - 00:29

Polémica liberación de la marihuana en Uruguay: ¿una ley que nace herida?

• Según expertos, la iniciativa no impedirá el consumo de otras sustancias

La decisión del Gobierno de Uruguay -inédita en el mundo- de regular el mercado de producción y venta de la marihuana no está exenta de polémicas. Y dentro de esos debates se encuentra el cuestionamiento acerca de si el proyecto podrá, en los hechos, cumplir con sus ambiciosos objetivos aun cuando varias de esas metas nacen de aseveraciones cuestionadas por expertos, como la necesidad de bloquear el traspaso de los consumidores de cannabis a drogas duras y sus consecuencias en el plano de la seguridad.

Los argumentos del presidente José Mujica para impulsar la medida -cuestionada por la ONU y respaldada por el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y por el empresario George Soros, entre otros- fueron variando conforme crecían las críticas en distintos sectores del país. Desde mediados del año pasado, cuando anunció el plan, hasta la actualidad, el Ejecutivo aseguró que la flexibilización del acceso al cannabis debe realizarse porque la vía prohibicionista fracasó, porque hay que evitar que los consumidores de marihuana al no poder comprarla adquieran pasta base (un producto derivado de la cocaína) y para combatir la criminalidad.

"Es un disparate universal. Quien consume pasta base busca un efecto superior al de la marihuana; estamos hablando de una droga excitante y otra relajante. Los consumidores son tipos de personas muy distintas. Quien fuma un porro tiene una personalidad depresiva mientras que quien consume cocaína es extravertido", explicó a Ámbito Financiero, Wilbur Ricardo Grimson, exsecretario de la Sedronar y presidente de la Fundación de Prevenciones Sociales, en referencia a la justificación del Gobierno uruguayo de querer evitar la transferencia del consumidor hacia drogas más duras ante la falta de cannabis.

El licenciado Pablo Rossi, director de la fundación de lucha contra las adicciones Manantiales -considerada por algunos especialistas como el único centro de tratamiento en Uruguay- insistió en que ese argumento es "una falacia" y adjudicó la iniciativa del Frente Amplio (FA) a una errónea respuesta a la inseguridad.

"Lo que se está pidiendo es mayor seguridad, salud y educación. Hubo muchos casos de rapiña con personas bajo el efecto del paco", recordó. "Ésta es la respuesta del Gobierno a eso y no al problema de los consumidores porque en el país la tenencia y el uso personal de la marihuana ya está permitido", agregó, cuestionando también el argumento de que la guerra contra los consumidores sólo sirvió para abarrotar de gente las cárceles.

Sin embargo, Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, un think tank especializado en políticas públicas en América Latina y lucha contra las drogas, es optimista sobre la eficacia del plan. "Es muy factible y esperable que descienda el consumo. Si miramos los datos de países que implementaron políticas similares, como la despenalización, vemos que en los primeros años el consumo tiende a aumentar (por razones como el sinceramiento de las personas) y en los años posteriores es cuando comienza a bajar", indicó.

La iniciativa, impopular entre los uruguayos (63% está en contra), fue aprobada en la Cámara de Diputados con los votos justos luego de que el legislador Darío Pérez la respaldó por obediencia partidaria, pero advirtiendo que en diez años toda la bancada del FA iba a tener que responder por el fracaso de una ley mal diseñada desde su origen. Se refería así a los parámetros que se utilizarán para medir el éxito de la norma: reducción del consumo de sustancias duras, principalmente pasta base, y de los índices de criminalidad asociada a las drogas.
Esa misma postura es la que esgrimen los especialistas para quienes se trata de "matar una mosca con un camión" porque la cantidad de consumidores es poca y porque la regulación de una parte del mercado de las drogas no podrá poner fin al narcotráfico, un flagelo que según Mujica "es un monopolio de mafiosos".

Con la ley, el consumidor podrá adquirir 40 gramos de marihuana al mes, que sirven para armar unos 60 cigarrillos, es decir que el promedio de consumo planificado por el Gobierno es de dos porros por día. El precio de compra del cannabis -que se venderá en farmacias y será cultivado por empresas privadas- se estipulará en relación con el mercado negro (aproximadamente u$s 2,5 el gramo) para hacer atractivo el costo y evitar que los interesados emigren a la ilegalidad. Para Grimson, los parámetros establecidos podrían tener un efecto contrario y sumar droga al tráfico. "Todos sabemos que una persona que utiliza recreativamente la marihuana fuma medio porro por día. El que tenga más que eso, va a entrar al mercado negro", opinó.

Rossi, por su parte, marcó como débil el argumento de luchar contra las bandas narco. "Por cada kilo de marihuana que se vende, el narco gana u$s 300, mientras por cada kilo de cocaína la cifra asciende a 10.000 o 15.000", señaló, y sugirió que la delincuencia no sentirá un gran golpe con la pérdida de esos ingresos.

Otro punto cuestionado tiene que ver con la capacidad real del Estado uruguayo en la prestación de atención sanitaria pública a los consumidores y en la realización de óptimas campañas de prevención. "Uruguay no tiene centros de atención a las adicciones, no invierte en salud pública. Sí lo hace en investigación, pero no en asistencia", aseguró Grimson, quien subrayó que muchos pacientes uruguayos son remitidos a instituciones en la Argentina para recibir tratamiento.

Por el contrario, Vergara consideró que la flexibilización del consumo contribuirá a mejorar el acceso sanitario. "Se bajan las barreras que discriminan y estigmatizan a consumidores, lo que hace que el acceso y la disposición a acceder a servicios sanitarios sea mayor, y lo que se ahorra en perseguir a usuarios se puede invertir en políticas educacionales y sanitarias", afirmó.

Así, las inconsistencias en el fondo de la cuestión amenazan con convertir en un fracaso una medida innovadora en lo que se refiere a sus intenciones, ya que descriminaliza al consumidor y sugiere una respuesta superadora -aunque imperfecta- al evidente fracaso de la lucha armada contra el narcotráfico, además de ser el puntapié inicial para una legalización más amplia y abarcativa de las drogas.

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