Cinco de los nueve magistrados de la más alta instancia judicial del país estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma (sur) no demostraron "un riesgo sustancial de sufrimiento" en el caso de la utilización del midazolam, un ansiolítico para dejar inconsciente al sentenciado antes de administrarle el producto letal.
La Corte Suprema concluyó que este método respetaba la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos "crueles e inusuales".
El alegato sobre la crueldad de este tipo de pena capital tuvo su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett, en Oklahoma, que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraron una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país.
El juez conservador Samuel Alito afirmó ayer en el fallo que "los testimonios aportados por las dos partes apoyan la conclusión de que el midazolam puede garantizar que una persona sea insensible al dolor". Además, argumentó que los querellantes no propusieron "un método alternativo, conocido y disponible de ejecución" al ansiolítico.
Por su parte, la magistrada Sonia Sotomayor, junto con sus tres colegas progresistas, que votaron a favor de los querellantes, apuntó que la petición de un método conocido y alternativo citado por Alito "lleva a consecuencias claramente absurdas".
"Como los demandantes fueron incapaces de demostrar la disponibilidad de un medicamento alternativo, el Estado puede ejecutarlos por cualquier medio. La octava enmienda no puede tolerar esta conclusión", subrayó.
Por su parte, el juez Stephen Breyer fue más allá y se cuestionó la constitucionalidad de la pena de muerte como castigo.
Excepción en Occidente
La decisión constituye un revés para los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos, el único país occidental que aún aplica este castigo. Los estados de Alabama, Arizona, Florida, Luisiana, Oklahoma y Virgina recurren al midazolam para aplicar la inyección letal.
"Es difícil imaginarse qué puede ser más cruel o más inusual que una muerte prolongada", dijo Diann Rust-Tierney, directora de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte.
Sentencia en mano, Oklahoma tiene ahora luz verde para volver a ejecutar, y los primeros en la lista son Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.
La sentencia de ayer supondrá un "repunte" de ejecuciones durante el segundo semestre del año, según explicó el director de programa del Observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), Richard Dieter.
Durante el primer semestre fueron 17 los presos ejecutados: nueve en Texas, cuatro en Misuri, dos en Georgia y los otros dos en Oklahoma y Florida, lo que supuso la cifra más baja en más de dos décadas.
La Corte Suprema de Justicia fue noticia la semana pasada, pero por fallos progresistas, al avalar los subsidios federales para el sistema de salud y considerar constitucional el matrimonio igualitario en todos los estados del país.
| Agencias EFE, AFP, DPA, ANSA y Reuters |
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