13 de diciembre 2017 - 00:00

Por un DNU autorizan más gastos para este año por $202.026,1 M

Según un estudio de ASAP, el resultado financiero del año en la Administración Pública Nacional se ve empeorado en $135.251 millones.

El Gobierno autorizó ayer un incremento de gastos por $202.026,1 millones a través del decreto de necesidad y urgencia 1013. La medida también contempla un aumento en los recursos de $66.775,1 millones, por lo cual la desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional llega a $135.251 millones.

En un documento, ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) indicó que también se incrementan las fuentes financieras en $361.632 millones, destacándose el incremento del endeudamiento público mediante la colocación de títulos públicos de largo plazo en moneda nacional por $245.023,6 millones y la colocación de títulos públicos de largo plazo en moneda extranjera por $114.483,6 millones.

El informe también reveló un aumento en aplicaciones financieras por $226.382,0 millones, de los cuales $152.743,6 millones corresponden a incremento de activos financieros y $73.638,4 millones a Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos.

Dentro de las inversiones financieras se destacan el Acuerdo Marco de Recompra de Títulos Públicos por $85.824,4 millones, la adquisición de títulos y valores por $53.132,2 millones y la realización de inversiones financieras temporarias por $22.079,6 millones por ANSES. Por otra parte, se destinan $66.612,1 millones a atender la amortización del capital de la deuda pública en moneda nacional a largo plazo.

Según el análisis de ASAP, el incremento de recursos en $66.775,1 millones, se debe a mayores ingresos tributarios por $42.125,6 millones y de aportes y contribuciones a la seguridad social por $18.790,5 millones.

En lo relativo al aumento de los gastos corrientes, se eleva el presupuesto destinado a Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos por $78.091,7 millones, destinados al pago de intereses en moneda extranjera y moneda nacional a largo plazo.

También se amplían las partidas para atender gastos en personal de distintas jurisdicciones en $9.860,3 millones, por el efecto de las paritarias de este año sobre el presupuesto, destacándose $2.700 millones para la ANSES, $2.257 para el Consejo de la Magistratura, y $5.786 millones para jurisdicciones del Ministerio de Seguridad como Gendarmería, Policía Federal y Prefectura.

De acuerdo al estudio de ASAP, también aumentan las asignaciones destinadas al pago de prestaciones previsionales, para incorporar el impacto de la fórmula de movilidad por $59.368,5 millones.

También hay un incremento en los créditos para transferencias corrientes al sector privado en $21.331,6 millones, destacándose las mayores asignaciones para Ayuda social a personas por $8.002,3 millones, mientras aumentan las transferencias a empresas privadas en $10.000 millones que se destinan a CAMMESA, la empresa controlada por el Estado que opera el despacho eléctrico.

Por otra parte, se incrementa en $40.000 millones el crédito destinado Asistencia Financiera a Provincias y Municipios. Por último, con respecto a los gastos corrientes, aumenta el presupuesto para Universidades en $7.319,1 millones.

Según el análisis de ASAP, en sentido contrario a los gastos corrientes, los de capital disminuyen en $28.623,9 millones. En primer lugar, se destaca la disminución de los créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro en $14.553,4 millones, explicada por los menores créditos del Fondo Federal Solidario debido a la menor recaudación de las retenciones a la soja por $9.659 millones, y la disminución de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes por $2.987,6 millones. En segundo lugar, disminuyen las asignaciones para el Ministerio de Energía en $3.048,9 millones con destino a empresas públicas y privadas para financiar gastos de capital.

Por último, el DNU incluye una serie de disposiciones como la suspensión por este ejercicio de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera en cuanto a prohibir la realización de operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. También se autoriza la contratación de obras y servicios y la adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros por un monto total de $119.692,4 millones. Estos mayores gastos se deben a obras en infraestructura de transporte (Construcción Estación Central Obelisco y Puesta en Valor Ferrocarril San Martín) y a la adquisición de material rodante para el servicio ferroviario.

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