Premian a gremio de colectiveros con un terreno en el Once

El Gobierno le cederá a un sindicato un predio de 1.600 metros cuadrados lindero con el edificio donde funcionaba el boliche República Cromañón, que en diciembre de 2004 se prendió fuego y ocasionó la muerte de 194 personas. La cesión, hecha a favor de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), promete generar polémica con los familiares de las víctimas por la posible afectación del área donde desde hace seis años se emplazó un santuario improvisado.

El jefe de la UTA, Roberto Fernández, le confirmó a este diario que el Ministerio de Planificación concedió al sindicato un predio ubicado en la esquina de Bartolomé Mitre y Ecuador, en la actualidad abandonado, que perteneció a Ferrocarriles Argentinos y que está bajo la órbita del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe). El gremio prevé construir en ese lugar, con inversión estatal, una escuela de capacitación para choferes con 18 aulas, talleres y espacios para prácticas y emisión de certificados.

«El ministro se comprometió con nosotros en un acto a fin de año. Va a ser una entrega gratuita bajo la modalidad de comodato, por 30 años. El Estado se tiene que hacer cargo de las obras y nosotros del mantenimiento», explicó Fernández, quien dijo esperar que no habrá problemas con los familiares de Cromañón. El dirigente reconoció que para el gremio de los choferes se trata de «un lugar estratégico» por encontrarse a metros de la estación de Once.

Los protocolos para el comodato siguen bajo análisis de las áreas técnicas de Planificación. El visto bueno quedará a cargo de José López, secretario de Obras Públicas y presidente del Onabe. El año pasado, Julio De Vido le había prometido a Fernández otro terreno para el mismo fin, pero el proyecto quedó abortado por la posible polémica derivada de la cesión: se trataba de un inmueble que hoy ocupa la Fundación Felices Los Niños, en el barrio de Chacarita, y cuyas autoridades se negaron a entregar.

El otorgamiento de un predio a la UTA es una compensación del Gobierno por el reconocimiento parcial del gremio de los trabajadores del subterráneo, enfrentado a la conducción del sindicato de choferes de colectivos. El Ejecutivo le dio en noviembre pasado la inscripción a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), un trámite que habilita a los delegados del sector a negociar a la par de la UTA con Metrovías, la concesionaria de los servicios del subte.

Descartado el inmueble de Chacarita, De Vido y Fernández acordaron el traspaso del predio de Once. Sin embargo, la concesión no quedará exenta de opiniones enfrentadas. El espacio que proyecta utilizar la UTA coincide en parte con la denominada «Plaza de la Memoria», un sitio donde los días 30 de cada mes los padres de las víctimas de Cromañón se reúnen para leer en voz alta los nombres de los fallecidos y de ahí marchar hacia la Plaza de Mayo.

Desde que se produjo la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, permanece cerrada y bajo custodia policial la cuadra de Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador. En la esquina de Ecuador está emplazado el santuario, plagado de fotografías, inscripciones y zapatillas que quedaron de las víctimas. Y a un costado se encuentra una «plaza seca», parte del predio abandonado que administra el Onabe, donde los familiares desarrollan las ceremonias conmemorativas.

La novedad tomó por sorpresa a los padres, que ayer se reunieron frente a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño para conmemorar los cinco años de la destitución de Aníbal Ibarra, en un juicio político derivado de la tragedia de Cromañón. Los familiares consultados por este diario reconocieron que cualquier emplazamiento que no tenga vinculación con el homenaje a las víctimas generará revuelo.

Nilda Gómez, madre de Mariano, uno de los fallecidos y presidenta de la fundación Familiares por la Vida, dijo que a pesar de las diferencias entre los familiares existe consenso para que no se concrete la reapertura de Bartolomé Mitre, y para que la calle se convierta en peatonal. «Lo que ninguno de los padres queremos es enterarnos por los medios que se va a hacer algo sin consultarnos previamente», agregó. Para Gómez, la posible cesión del Gobierno nacional puede formar parte de las peleas permanentes con el Ejecutivo de la Ciudad.

En el mismo sentido, Miriam Araneda, que perdió a su hijo David en la tragedia, recordó que luego del incendio el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, había prometido preservar el espacio para la memoria y el homenaje, pero que con el tiempo se diluyeron todas las propuestas en esa línea. «Algunos padres, como yo, estamos a favor de que quede un santuario en la calle. Al fin y al cabo mi hijo murió en la calle», explicó.