Presupuesto: provincias PJ buscan blindar fondos sociales por $ 41.000 M

• CUMBRE AYER DE 11 MINISTROS DE ECONOMÍA (INCLUIDO UN SOCIALISTA) ANTE PUJA POR AJUSTES POST FMILos enviados de los gobernadores también insistieron en que, en esta pulseada, se deben “revisar primero” los millonarios subsidios de Nación a CABA y a Buenos Aires para financiar servicios públicos.

consensos. Tras albergar días atrás a una “liguilla” de gobernadores, la porteña Casa de Entre Ríos recibió ayer a 11 ministros de Economía de la Oposición, que buscaron aunar una postura frente al Presupuesto 2019.

Con los ajustes post FMI como amenaza concreta, ministros de Economía de 11 provincias -una decena de peronistas y el socialismo santafesino- dieron ayer una demostración de fuerza de cara a la pulseada del Presupuesto 2019, al advertir en bloque que defenderán a capa y espada los fondos sociales para los distritos -son unos $41 mil millones- y que, de manera "prioritaria", deben ser "revisados" los subsidios que Nación otorga a CABA y al conurbano para financiar servicios públicos, como parte de la rediscusión del gasto público.

En paralelo, y aunque no fue parte de la agenda oficial, coincidieron por lo bajo en que es necesaria una reformulación -hablan de una postergación de un año- en la rebaja gradual de Ingresos Brutos contemplada en el Pacto Fiscal que los gobernadores sellaron con Mauricio Macri en noviembre pasado, ante el cambio de contexto tras la tensión cambiaria y para enfrentar los nuevos recortes que se avecinan.

La cumbre -que, en los hechos, sembró de condicionamientos el camino hacia la sanción del Presupuesto- tuvo como escenario a la porteña Casa de Entre Ríos, que hace una semana había actuado como anfitriona de una "liguilla" de gobernadores PJ: el local Gustavo Bordet, el cordobés Juan Schiaretti, el chaqueño Domingo Peppo, el salteño Juan Manuel Urtubey y la fueguina Rosana Bertone.

Precisamente, el encuentro de ayer fue una continuidad -ampliada- de aquel cónclave, con la mirada puesta en consensuar estrategias frente a la discusión con Macri por la letra chica del plan de gastos que regirá a 2019, y que contendrá los tijeretazos comprometidos ante el FMI para achicar el déficit al 1,3% del PBI en 2019.

Diplomáticos, los ministros se mostraron ayer -en línea con sus gobernadores- dispuestos a colaborar con esa necesidad de la Casa Rosada. Sin embargo, remarcaron que falta aún información precisa sobre el contenido del proyecto de Presupuesto, que signará el año electoral. Una opacidad que -dijeron- también alcanza a la letra chica del acuerdo con el FMI.

Este escenario fue analizado ayer por el ministro anfitrión, Hugo Ballay, junto a sus pares Osvaldo Giordano (Córdoba), Cristian Ocampo (Chaco), Roberto Gattoni (San Juan), Emiliano Estrada (Salta), José Labroca (Tierra del Fuego), Jorge Ibáñez (Formosa), Sebastián Veliz (Catamarca), Ernesto Franco (La Pampa) y Jorge Quintero (La Rioja), además del santafesino Gonzalo Saglione (Frente Progresista). Fueron de la partida, además, el jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, y equipos técnicos del bloque Argentina Federal en Diputados y Senadores. Veamos:

La intención de blindar el presupuesto social para las provincias de potenciales recortes sobre las estratégicas áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social -cuya existencia y dimensión no tienen, en rigor, aún confirmada- no es antojadiza: tal como lo informó ya Ámbito Financiero, los gobernadores siguen con lupa un preocupante incremento de la demanda social, que se potenció en las últimas semanas de la mano de la tensión inflacionaria y el embate de los rigores invernales.

En un alto del encuentro, Ballay -quien ofició como uno de los voceros- hizo hincapié en que el objetivo de los gobernadores es "no renunciar fundamentalmente a todo lo que afecte lo social", en referencia a "fondos específicos en Desarrollo Social, Salud y en Educación, como puede ser el Fondo de Incentivo Docente", frente a "versiones que indican que pueden ser reducidas estas transferencias corrientes".

"Tenemos un fuerte compromiso de llegar a equilibrar nuestras cuentas fiscales, pero tenemos una gran preocupación por defender nuestros fondos sociales", coincidió Yarade, y enfatizó que, en la discusión por el déficit fiscal, "la parte que les corresponde a las provincias es solamente el 20%".

Pero también los ministros hicieron foco en defender la "equidad" en materia del reparto de subsidios federales, con la bonaerense María Eugenia Vidal y el porteño Horacio Rodríguez Larreta como blanco.

"La decisión que ya manifestaron los gobernadores es acompañar al Gobierno en este momento difícil, pero un punto de partida básico es la equidad", dijo Giordano, y apuntó a los "servicios que en las provincias están a cargo de los gobiernos locales, y que en la Región Metropolitana los financia la Nación".

"Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad -y en eso hubo coincidencia en todos los que participamos de la reunión- es todo este gasto que hace Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, y que no lo hace en el resto del país; es lo primero que habría que revisar", disparó.

"Y eso lleva a algunos servicios públicos: el caso de agua, saneamiento, electricidad, transporte, y también algunos otros casos más puntuales, como salud, seguridad, y Justicia ordinaria, que son cosas que generan una gran inequidad", detalló, en medio de la pretensión de los gobernadores de que Nación traspase a CABA y a Buenos Aires el manejo de Aysa, Edenor y Edesur.

Además la mirada estuvo puesta en monitorear "los primeros seis meses de ejecución" del Consenso Fiscal que los gobernadores sellaron con Macri en noviembre pasado. "La idea es poder poner sobre la mesa los esfuerzos que estamos haciendo las provincias en la reducción de los tributos provinciales y medir el avance", dijo Ballay, en el marco de la aspiración de los gobernadores de postergar por un año la baja en Ingresos Brutos.

Los ministros también apostaron a asegurar la continuidad de la obra pública, amenazada también por los recortes que se vienen. "No sólo por lo que genera como desarrollo económico y social, sino por el impacto que tiene la mano de obra en cada una de nuestras provincias", remarcó Yarade.