3 de julio 2017 - 22:46

PRO teme batalla por fondos de comandos electorales

• SECTOR PRIVADO EN ALERTA POR LUPA DE JUSTICIA EN APORTES PARA LAS PASO Y GENERALES DE OCTUBRE
La fuerza que lidera Mauricio Macri además deberá aceptar directivas en provincias manejadas por la UCR, principal socio oficialista. Alivio en Córdoba tras corrimiento de fiscal de Justicia Legítima.

TENSIÓN. El Gobierno teme réplicas de Alejandra Gils Carbó, quien acumuló fuertes críticas en la bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Alivio. En Córdoba, el PRO y la UCR celebraron el apartamiento del fiscal electoral Enrique Senestrari, de la agrupación ultra-K Justicia Legítima.
TENSIÓN. El Gobierno teme réplicas de Alejandra Gils Carbó, quien acumuló fuertes críticas en la bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Alivio. En Córdoba, el PRO y la UCR celebraron el apartamiento del fiscal electoral Enrique Senestrari, de la agrupación ultra-K Justicia Legítima.
De cara a la trifulca de las PASO de agosto próximo, Cambiemos aceleró la conformación y la actividad en los comandos electorales de cada provincia pero sumó una preocupación en las últimas horas, tras el alerta del PRO, por el aumento de la mira de la Justicia en los aportes de privados que se obtendrán en cada distrito.

"Los comandos electorales de cada provincia, más allá del sello de Cambiemos, tendrán sus particularidades debido a que en algunos distritos estarán manejados por radicales, quienes lideran las nóminas e incluso están acompañados por gobernadores de su color. Pasado ese primer escollo aparecen las dos funciones principales del comando: una es la estrategia de campaña, cuestión ya aceitada por Casa Rosada; después se asoma una más espinosa, que es la caza de fondos", señalaron autoridades premium del PRO a Ámbito Financiero.

"Si bien el Gobierno juega en clave nacional, esta elección es una campaña también en cada provincia. Hay un temor incipiente por una probable injerencia de la Justicia en algunos distritos por el tema de la obtención de fondos y nadie quiere que por esta cuestión se enturbie la carrera por los votos", aseguraron a este diario desde Cambiemos.

La mira del PRO apunta a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a la agrupación ultra-K Justicia Legítima. "Los empresarios o privados que en general hacen aportes a los partidos, ya que este tema no roza sólo a Cambiemos sino a casi todas las fuerzas, no quieren que a la semana los estén llamando desde la Justicia para saber bajo qué condiciones depositó esos fondos como si fuesen sospechosos", manifestaron desde el oficialismo.

Un foco de temor PRO fue aliviado la semana pasada en Córdoba, tras la decisión de la Justicia federal con competencia electoral en esa provincia de apartar al fiscal Enrique Senestrari (con facultad para intervenir en los comicios y miembro de Justicia Legítima) como respuesta a una recusación planteada por la filial local del partido de Mauricio Macri.

"Si se cae Temer (presidente de Brasil), ¿que se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a (Mauricio) Macri también, no?", le dijeron a Senestrari durante una entrevista radial. El fiscal respondió: "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas". Los apoderados de PRO argumentaron "animosidad" del funcionario, en un planteo que buscó apartarlo "con causa" basado en "falta de imparcialidad" y "pérdida de objetividad" en su rol de fiscal con intervención en materia de contralor de los comicios en esa provincia.

El juez Ricardo Bustos Fierro les dio la razón a los demandantes, que agregaron que no sólo podría perjudicar a su partido, sino que por su identificación podría favorecer al Frente para la Victoria. Senestrari había rechazado apartarse y negó que sus expresiones hubieran alcanzado a Macri, sino que la polémica referencia correspondía sólo al país vecino. "Estas últimas manifestaciones públicas comprueban fundadamente el temor cierto del recusante y acreditan la pérdida de objetividad, vulnerando de esa manera la conducta neutral con que el magistrado debe desempeñar sus funciones para poder dictaminar respecto de la existencia y subsistencia de una agrupación política", concluyó Bustos Fierro.

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