Procesan a cuatro activistas

Cuatro activistas del Partido Obrero (PO) fueron procesados por el juez federal de Quilmes Luis Armella, acusados por un corte de vías del ferrocarril Roca, el 23 de diciembre último, y por la supuesta extorsión contra el Ministerio de Trabajo nacional y la Ugofe, concesionaria del servicio de trenes. Se trata de la protesta de tercerizados ferroviarios en Avellaneda que desembocó en incidentes en la estación de Constitución.

El magistrado procesó sin prisión preventiva a Esteban Merino, Darío Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales. El corte de vías protagonizado por los acusados y los incidentes posteriores motivaron que el Gobierno nacional involucrara al PO en una acusación por supuestas maniobras desestabilizadoras.

Armella acusó a los imputados por la interrupción del movimiento ferroviario desde las 11.30 del 23 de diciembre, tanto de los servicios eléctricos y diésel del Roca, a la altura de Avellaneda. Los procesamientos fueron por presunta «interrupción de transporte público terrestre y extorsión».

La manifestación tenía por objeto demandar el pase a planta permanente de unos 60 trabajadores tercerizados de esa empresa y el pago de salarios atrasados. El juez entendió que la protesta, de la que participó un total de 150 personas, incluyó la presunta intimidación a la cartera laboral de la Nación y a la Ugofe para el cumplimiento de sus reclamos.

Ante un pedido de la abogada Claudia Ferrero, el magistrado había concedido la excarcelación a Merino y a Hospital, el 28 de diciembre, y la exención de prisión para los otros dos sospechosos. Luego de esa medida, Belliboni y Morales se presentaron a prestar declaración indagatoria.

Ferrero, letrada del PO, dijo sentirse «extrañada» por la resolución del juez y estimó que «responde a otros intereses que no son judiciales». «Ante los acusados, el secretario del juzgado me dijo que no iba a habilitar la feria para resolver este tema, y que recién en febrero habría novedades», agregó.

La abogada ligó la decisión de Armella con que ayer mismo «se anunció una movilización al Ministerio de Trabajo porque sigue sin cumplir con los compromisos que asumió en noviembre», respecto del pase a planta permanente de los tercerizados.

Se trata de la misma demanda que llevaron los tercerizados y activistas del PO a Avellaneda el 20 de octubre pasado, durante una protesta que fue intervenida por un grupo ligado a la Unión Ferroviaria. El episodio terminó con el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra.

Ferrero, que adelantó que apelará la resolución, objetó la figura de extorsión por entender que «para que exista, tiene que haber un sujeto pasivo que haga algo en contra de su voluntad», lo que a su criterio no se concretó «porque ni el Ministerio de Trabajo firmó nada ni la Ugofe dispuso el pase a planta».

Además, dijo que «las instituciones no pueden ser extorsionadas, porque no tienen voluntad propia», en alusión a la cartera laboral y a la concesionaria del servicio.