Procesan a Lula por corrupción y queda a un paso de la cárcel

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• CONMOCIÓN EN BRASIL POR LA DECISIÓN DEL JUEZ SÉRGIO MORO, LÍDER DE LA OPERACIÓN "LAVA JATO"
La decisión puede ser el preludio de una prisión preventiva. Pero prima la cautela, ya que se teme cuál puede ser la reacción de los movimientos sociales afines al PT.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue procesado ayer por corrupción por primera vez y quedó a tiro de prisión preventiva. Después del cimbronazo, se desencadenaron las preguntas: ¿se atreverá ahora la Justicia a imponérsela?; y si eso se da, ¿corre peligro la paz social?

El juez federal de Curitiba (estado de Paraná) Sérgio Moro, impulsor implacable de lo que siente como una masiva moralización de la política brasileña, aceptó la acusación de la fiscalía por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del megafraude en Petrobras. Lula calificó la decisión de "farsa" y "gran mentira".

Junto a él quedaron procesados su esposa, Marisa Letícia; el titular del Instituto Lula, Paulo Okamotto; el titular de la constructora OAS, Léo Pinheiro; y cuatro ejecutivos de la compañía. Ésta, se alega, corrió con los gastos de compra, remodelación y equipamiento de un tríplex en Guarujá (San Pablo), cuya titularidad se le adjudica al exmandatario pero que éste desconoce.

El monto de la alegada coima asciende a 3,7 millones de reales como "retorno" por un desvío fraudulento a OAS por 87 millones a expensas de la expoliada Petrobras, esto es 1,13 y 26,7 millones de dólares, respectivamente, al cambio actual. A esos montos hay que agregar una supuesta prebenda entregada por la compañía por valor de 1,3 millón de reales más (casi 400.000 dólares) para cubrir los gastos de almacenamiento de efectos personales de Lula tras su salida del poder.

Que el expresidente haya quedado formalmente convertido en "reo" de la Justicia lo expone a que en cuestión de días o semanas Moro, que no ha dudado en hacer uso y abuso de la prisión preventiva, decida encarcelarlo hasta que pronuncie su sentencia. Algo juega en contra de Lula en ese sentido: si bien no pueden adjudicársele intenciones de fuga, lo complica el hecho de que ya está procesado en la Justicia federal de Brasilia por un intento de obstrucción de la investigación, por supuestamente haber intentado comprar el silencio de un exgerente de la petrolera, Néstor Cerveró, para evitar que se convirtiera en un arrepentido.

Si fuera encontrado culpable, a Lula podría caberle una pena mínima de 35 años y cuatro meses de cárcel, además de multas enormes y, como si no resultara redundante, una inhabilitación para competir por cargos públicos por ocho años. Mucho más que una muerte política.

El lector argentino debe esperar una sentencia más en términos de algunos meses que en los tiempos homéricos que rigen en nuestro país. Como referencia, recor-

demos que el zar de las contratistas del Estado, Marcelo Odebrecht, pasó en prisión preventiva un año y seis meses antes de recibir una condena de 19 años y cuatro meses en primera instancia.

Un aspecto de la denuncia pública del fiscal Deltan Dallagnol, que motivó la decisión de ayer, no llegó al expediente. Se trata del que, además de la cuestión del tríplex, consideraba a Lula "comandante máximo" del "petrolão". Este punto pareció desde el inicio un tanto flojo de papeles y respondía más a la convicción personal de Dallagnol que a pruebas recogidas. En este sentido, resultaba llamativo que se le atribuyera a Lula la recepción de coimas y prebendas por alrededor de 1,5 millón de dólares cuando el megaesquema de corrupción involucra una cifra de varios miles de millones. Casi un vuelto. Moro no le escapó a este tema en su pronunciamiento de ayer.

El juez que lidera la operación "Lava Jato" (lavadero de autos) reconoció esa aparente inconsistencia pero afirmó que eso no justifica el rechazo de la denuncia, más cuando lo que el fiscal cree tener probado no agota el universo de denuncias e investigaciones lanzadas contra Lula da Silva.

Moro no parece a punto de dictar sentencia, algo que en el sistema judicial brasileño no es descartable a priori. Sin embargo, parece que las pesquisas deben todavía recorrer un trecho, dado que recordó en su escrito que el procesamiento no supone una opinión definitiva de su parte sino, simplemente, la existencia de un estado de sospecha suficiente. "Los elementos probatorios son cuestionables, pero en esta fase preliminar no se exige una conclusión sobre la presencia de responsabilidad criminal", señaló. Es más, incluso en el caso de la esposa de Lula, Moro dice no tener claro si ella estaba al tanto del posible origen ilícito de los gastos en Guarujá.

Todo indica que Moro se manejará con cautela. Aunque ni la destitución de Dilma Rousseff ni la acusación del fiscal contra Lula deflagraron la tantas veces anunciada resistencia violenta de los movimientos sociales ligados al Partido de los Trabajadores, ésa es una hipótesis que nadie desea poner a prueba. Lula, en verdad, parece aislado, rodeado por un círculo de incondicionales cada vez más pequeño, pero su figura y lo que representa para la izquierda brasileña y regional es todavía demasiado significativo. No es un procesado más.

Más allá de lo jurídico, lo ocurrido ayer tiene un costado político. Ya es claro que la caída de Dilma fue no más que un hito, importante pero no definitivo, en el proceso de demolición de Lula y del PT. Conspiración o no, ése será el resultado objetivo del proceso. Por eso es relevante para el futuro de Brasil determinar si lo que vemos es un paso hacia un saneamiento de su sistema político o un ejercicio de justicia selectiva, destinado, como denuncia el propio Lula, a sacarlo de la cancha para 2018 y facilitar una "restauración conservadora".

Cabe señalar al respecto el intento de un sector significativo del Congreso de aprobar el lunes a la noche una amnistía de facto para los políticos acusados de haber usado dinero ilícito en sus campañas electorales.

La maniobra, realizada en conjunto por legisladores de las dos Cámaras del Congreso, pretendía que se votara de modo subrepticio en Diputados un proyecto para dar una nueva tipificación a ese delito. Con ley nueva, las sanciones no podrían ser retroactivas y las decenas de políticos bajo investigación podrían, por fin, dormir tranquilos.

La movida fue liderada por el llamado "centrão", una alianza informal de pequeños partidos caracterizados por el "fisiologismo", esto es, el parasitismo en el cuerpo del Estado. Y había sido avalada por los líderes de los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Michel Temer y el de la Social Democracia Brasileña (PSBD) del excandidato presidencial Aécio Neves.

Sin embargo, cuando legisladores de la izquierda no petista advirtieron su introducción en el orden de la sesión del lunes, se desató una fuerte queja que trascendió a la prensa e inviabilizó el tratamiento.

El Brasil de hoy parece contar con anticuerpos contra quienes pretenden, simplemente, el fin del PT y la impunidad de todos los demás. Se verá quién se cansa antes: si la sociedad o los poderosos que quieren seguir haciendo de las suyas.

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