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Procesaron a seis oficiales de la Fuerza Aérea
El juez les imputó el delito de «estrago doloso agravado», penado con prisión de 3 a 8 años, y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por un valor de 100 mil pesos.
La novedad conmocionó a la conducción de la Fuerza Aérea; afecta a uno de los puntales -Ayerdi, comandante de alistamiento y adiestramiento- del poder interno y es la primera vez que se ordena embargar bienes de uniformados en el caso de un accidente aéreo sucedido durante una operación militar.
El vuelo fatídico había despegado del país el 8 de marzo de 2006 y aterrizó en El Alto, Bolivia, con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y una comitiva de funcionarios. El ministro y sus acompañantes salvaron sus vidas porque regresaron al día siguiente en otro aparato, en tanto que el Lear T-21, que había presentado una falla, despegó del aeropuerto boliviano y cayó a tierra con el saldo de su tripulación muerta. Fallecieron el comandante de la aeronave, capitán Fernando Francos; el copiloto, primer teniente Matías Simonetti; el mecánico, suboficial Javier Brondi, y tres suboficiales que iban de pasajeros.
El jefe de los aviadores, brigadier general Normando Costantino, se reunió el lunes pasado con el titular de Defensa, Arturo Puricelli, y lo puso al tanto de la gravedad del proceso judicial. Si todo ocurre como ha sido la práctica habitual, el jefe Costantino debería ordenar el pase a disponibilidad de los procesados hasta tanto se aclare su situación en la Justicia. Así se hizo con el comodoro Guillermo Juliá, destinado en el Estado Mayor Conjunto, hermano de Gustavo y Eduardo, quienes fueron detenidos en Barcelona, España, por traficar una tonelada de cocaína a bordo de un jet privado que partió del aeródromo de Morón.
Denuncia
Esta situación se trató también en una reunión de altos mandos celebrada en el edificio Cóndor a la medianoche del miércoles pasado.
La causa se inició a raíz de una denuncia efectuada por el cineasta Enrique Piñeyro, que acusó a «toda la línea jerárquica de la Fuerza Aérea y el Ministerio» (de Defensa). El accidente
-lo que para el juez está acreditado- ocurrió porque se operó en un aeropuerto (El Alto) ubicado a una altura (13.400 pies) que puso en peligro la seguridad de la aeronave, en razón de que la operación aérea debía llevarse a cabo por encima de la altura máxima certificada para operaciones normales, que resulta de 10.000 pies, según lo establece el fabricante Lear. Los procesados explicaron al juez que había una «lista de control de procedimientos» ideada por la fuerza que permitía operar el Lear en El Alto (por encima de los 10.000 pies) y que se habían cumplido varios vuelos sin novedades en la década del 80.
El magistrado convocó a Miguel Doscokz, representante de la empresa fabricante del avión siniestrado, quien desconoció la existencia de esa «lista» y dijo que si la empresa hubiera aprobado la lista de control para evitar que los sistemas de emergencia se activen, debería inevitablemente estar documentado en algún boletín de servicio, cosa que no ocurrió.
En las indagatorias hubo munición destinada a la cúpula: «El imputado Ayerdi procede a detallar que ningún avión que sale al exterior del país lo puede hacer si no es por orden del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea», consigna el expediente judicial. «Por eso está la firma en la hoja de inicio de la misión», agregó el brigadier mayor Ayerdi. En su descargo aclaró que en el momento del accidente cubría el puesto de jefe de Estado Mayor del comando de operaciones aéreas y que no tenía ninguna responsabilidad sobre las actividades de esos aviones, que eran competencia exclusiva del jefe de Brigada.
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