Procurador busca fondos mientras espera a Reposo

Con la idea de conseguir fondos propios, el subprocurador de la Nación, Luis González Warcalde, busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que le otorguen la facultad de poder imponer aranceles sobre determinados servicios que brinda el organismo, como fotocopias autenticadas o venta de boletines de jurispru-dencia.

El funcionario, que reemplaza a Esteban Righi, viene dando a conocer distintas iniciativas, mientras espera la resolución sobre la nominación de Daniel Reposo al frente de la Procuración, una designación que se complica (ver nota en pág. 11).

Ahora, G. Warcalde remitió el proyecto de norma que considera la modificación del artículo 22 de la Ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público), fundamentando la necesidad de conseguir «recursos propios» y así «afianzar la autarquía financiera prevista en el artículo 120 de la Constitución nacional».

Resolución

El proyecto está contemplado en una resolución de la Procuración General de la Nación y plantea que el Ministerio Fiscal «comenzó a recibir una carga importante de trabajo que por disposición legal los integrantes del Poder Judicial delegaron en los fiscales». Dice entonces que se trata de «servicios idénticos a los arancelados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» que el Ministerio fiscal presta sin cobrar nada y que exclusivamente el organismo dispone de los fondos del Tesoro nacional que aprueba el Congreso, para sus gastos.

Entre otros servicios que comenzaron en 1995 a ser arancelados en el Poder Judicial, el subprocurador menciona la inscripción de peritos, síndicos y martilleros; denuncias formuladas por particulares ante el Cuerpo de Auditores Judicial; expedición de certificados y testimonios; consulta a las oficinas de jurisprudencia; la impresión de la consulta de jurisprudencia efectuada por sistema informático, fotocopias autenticadas y venta de boletines de jurisprudencia, como también consulta de expedientes archivados, entre otros.

Justificación

«Ante el vacío legal existente y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con recursos propios para hacer frente a las distintas circunstancias de índole operativa», justifica el funcionario señalando que «no siempre son recogidas en el Presupuesto como ocurre con las necesidades en materia de infraestructura edilicia, las reformas legislativas que le adjudican mayores funciones o el pago de peritos en casos cuya investigación se encuentra a cargo del Fiscal».

De esa manera la iniciativa solicita agregar un párrafo a la norma que rige para el Ministerio Público que exprese que «a los fines establecidos en la presente ley, el Procurador General de la Nación tendrá amplias facultades para establecer aranceles, fijar sus montos y actualizaciones, y disponer de la ejecución de lo recaudado por estos conceptos, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el movimiento contable que registren».