Provincias, a la Corte nacional si chocan glaciares

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Las provincias cordilleranas pedirán la intervención de la Corte Suprema de Justicia si sus leyes locales de protección de glaciares entran en conflicto con la norma nacional. Jujuy, La Rioja y San Juan se anticiparon y sancionaron antes que el Congreso nacional su propia legislación para la preservación de las masas de hielo, ante la inminente posibilidad de que la oposición al kirchnerismo logre imponer una normativa adversa para los intereses provinciales que podría poner en peligro el avance de actividades industriales y productivas como la minería.

Así las cosas, el avance que tuvo el miércoles pasado la iniciativa del diputado Miguel Bonasso puso en marcha la contraofensiva en las provincias. «Vamos a esperar a ver qué resulta, quizás se logre que ambas normas sean complementarias. Pero si la ley nacional choca con nuestra legislación, tendremos que llevar la contienda hasta la Corte Suprema de Justicia para que defina a quién le da la razón», confirmó a Ámbito Nacional el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Víctor Doña, y ratificó los principales fundamentos en los que la provincia basa la defensa de su normativa: «Nos apoyamos en los artículos 41 y 124 de la Constitución nacional, que brindan facultades a la provincias sobre el dominio de sus recursos naturales».

Para Doña, uno de los ítems más importantes de la flamante ley provincial, que se aprobó por unanimidad durante la mañana del miércoles apenas unas horas antes de que se abriera el debate en el Congreso de la Nación, es la creación del inventario de glaciares. «Se han hecho grandes avances en este punto», describió el diputado. «La Secretaría de Minería le encargó el trabajo a la Universidad Nacional de San Juan, que presentó la semana pasada un informe que detalla que hay en la provincia 3.200 glaciares divididos en cubiertos, descubiertos y de rocas o escombros».

La Cámara Minera de San Juan coincide en la relevancia de este trabajo «que define el área que rodea a los glaciares», y subraya que «el proyecto Bonasso no lo especifica».

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