Puja SMATA-PO enrarece la crisis en autopartista

Néstor Pitrola

El conflicto que estalló en la empresa autopartista Gestamp generó ayer nuevos cuestionamientos del Gobierno nacional sobre la administración de Daniel Scioli, mientras que el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, responsabilizó al Partido Obrero de fogonear el conflicto y advirtió que se trata de "una prueba piloto" de lo que piensan llevar adelante en otras firmas del ramo.

El pasado sábado, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria que frenó por 15 días hábiles la protesta de nueve trabajadores que, de la mano de la extorsiva toma de un sector de la planta que arrancó el martes, habían logrado frenar la producción -impidieron la tarea de otros 500 operarios-, generando a su vez una virtual parálisis en cinco plantas automotrices. La medida del ministro Oscar Cuartango -que levantó la protesta- cosechó críticas desde el Gobierno nacional, la empresa radicada en Escobar y SMATA.

Ayer, la autopartista ubicada en Escobar no retomó su producción. Según los operarios díscolos, a primera hora de la mañana se encontraron con las puertas cerradas. "La empresa nos dijo que hoy no hay producción porque supuestamente están poniendo a punto las instalaciones; no lo creemos, tuvieron todo el fin de semana para eso", dijo uno de los trabajadores, Roberto Amador.

Al lugar acudieron militantes de agrupaciones de izquierda, con la presencia del dirigente del Partido Obrero y diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Néstor Pitrola.

En paralelo, se desarrolló la primera audiencia de conciliación en la delegación Campana de la cartera laboral bonaerense, donde según los trabajadores -que preparan una movilización para hoy- no se hicieron presentes los representantes legales de la empresa y de SMATA. Al lugar arribó el diputado del PTS y el Frente de Izquierda, Christian Castillo.

Allí el abogado de los operarios díscolos, Agustín Comas, denunció que la empresa "está violando" la conciliación y lleva adelante "un lock out ilegal". Comas además enfatizó que hoy "los trabajadores deberán ingresar a la planta, salvo que la empresa decida mantenerse en la más abierta ilegalidad". La próxima audiencia será mañana.

En este contexto, ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, instó -en un tiro por elevación a Scioli- a que "las autoridades asuman sus responsabilidades" y "ejecuten las acciones desde su competencia y se ocupen de la gestión" para resolver el conflicto. Fue en línea con la advertencia lanzada desde Río Gallegos el pasado sábado por la propia Cristina de Kirchner, también con el presidenciable 2015 como blanco.

"Es inadmisible que por acciones políticas se impida que una industria funcione, es un gesto de racionalidad pedir que los poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial) se encarguen del pleno ejercicio de su competencia para que la industria funcione, en resguardo de la ley y de los trabajadores que quieren trabajar", recalcó.

Por su parte, Pignanelli apuntó los dardos contra el Partido Obrero, al que culpó por los 67 despidos de la autopartista española que dieron origen al conflicto, y advirtió -sin eufemismos- que si el conflicto se extiende, la empresa "va a agarrar las valijas y se va a ir a la mierda".

Además, remarcó que los trabajadores encolumnados en su gremio están "esperando que desalojen la fábrica" para poder retomar las tareas, "siempre y cuando haya garantías".

Para el dirigente kirchnerista, ya no se trata de "un conflicto gremial", sino que "debería haber sido tomado como un delito".

"Los despidos nosotros no los teníamos y los provocaron esos muchachos; ¿qué tiene que hacer el Partido Obrero en la puerta de una fábrica, qué tiene que hacer la nieta de los desaparecidos en la puerta de una fábrica?", dijo.