Qué dejó la democratización judicial

El mal llamado proceso de democratización de la Justicia puso de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno nacional para el debate y el consenso; la intención de avanzar a pesar del desacuerdo. Si bien hubo una enérgica oposición a esta reforma, lo cierto es que la catarata de amparos y medidas cautelares iniciados por diferentes sectores de la sociedad civil y por los partidos políticos de la oposición, sólo consiguieron poner un freno a la modificación que impulsaba el Poder Ejecutivo en relación con la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

No hay que dejarse engañar, la mayoría de las normas que integraron el paquete de reformas han sorteado el test de constitucionalidad y se encuentran hoy vigentes.

El avasallamiento a la Justicia comenzó a gestarse con las reformas introducidas por la Ley 26.080 a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, con el único objeto de acortar la distancia que debe recorrer el sector político para alcanzar una mayoría consolidada. Para ello dejó al estamento de los abogados infra-representado y excluyó a sus representantes de la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial. Pese a que esta ley también fue objeto de múltiples planteos judiciales, en el pronunciamiento dictado el pasado 6 de marzo, la Corte rechazó la pretensión de inconstitucionalidad aduciendo que la pauta constitucional de "equilibrio" entre las representaciones no se encontraba vulnerada.

Mas tarde, la creación de tres nuevas cámaras de casación en los fueros Contencioso Administrativo, lo Civil y Comercial y del Trabajo y la Seguridad Social (Ley 26.853), que tras la falsa excusa de agilización de los trámites, no hace sino generar una nueva instancia que provoca justamente el efecto contrario, afectando aún más la adecuada garantía de los derechos.Vinieron a completar este funesto escenario la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) y la flamante Ley de Responsabilidad del Estado (26.944). La primera concede una situación de privilegio para el Estado retrotrayendo el sistema en relación con principios constitucionales tales como el de igualdad, la división de poderes, el derecho de defensa y la garantía a la tutela judicial efectiva. La segunda constituye otro hito en el paulatino alejamiento del poder político y su adecuado control.

Estas leyes son sólo una muestra más de la avanzada institucional impulsada, sin miramientos, por el Gobierno nacional. Esta coyuntura histórica nos demanda coherencia y a la vez pluralismo, vocación republicana y fortalecimiento del control del poder político.

Enfrentamos la necesidad de afianzar un sistema judicial vital, fuerte e independiente. Porque sin Justicia independiente, no hay Estado de Derecho.

(*) Candidata al Consejo de la Magistratura de la Nación