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QUÉ SE DISCUTE EN PAPEL PRENSA
Julio A. Ramos
Por esa razón, el destino del debate hoy en la Argentina sobre el futuro de la empresa Papel Prensa depende de las posiciones que sus protagonistas tomen en torno a las libertades públicas. De igual modo, que ese debate no se convierta en otra frustración argentina depende de que esos protagonistas actúen con honestidad y mirando el interés común.
El Gobierno, por primera vez en la historia de la sociedad del Estado con los diarios La Nación y Clarín, ha manifestado su voluntad de un cambio de conducta que impida lo que esa sociedad ha consentido durante más de 30 años, con Gobiernos civiles y militares, radicales y peronistas: que una empresa que se construyó con el esfuerzo de todos los contribuyentes, que nació con el aporte de todos los diarios del país que durante 10 años soportaron un gravamen sobre el papel que importaran y que contó con prebendas como protección arancelaria del papel extranjero para crearle un mercado cautivo o tarifas reducidas de energía eléctrica para su planta en la localidad de San Pedro, se ha convertido en un oligopolio privado-estatal en beneficio de un grupo de diarios ligados a los socios del Estado.
Esta situación fue tolerada por los gobiernos que han designado desde hace 32 años, directos en su representación, sin que hasta ahora ninguno de los protagonistas haya hecho una autocrítica, ni aun en este tiempo reciente cuando el Gobierno dice intentar desbaratar las prácticas oligopólicas de la empresa, cuando muchos diarios no pueden comprarle a Papel Prensa por «falta de cupo» o deben pagar sobreprecios sobre el que tienen los socios del Estado o, algo más ominoso, se ven obligados a remitirse a «bolseros» que sí tienen el producto, pero más caro.
Por más que el país haya gastado millones de pesos desde el primer proyecto bajo el Gobierno Lanusse (1971), los diarios que no pertenecen al club de los socios del Estado no han visto solucionado el problema del papel y siguen forzados a importarlo casi siempre, en los últimos 40 años, con precios más caros al local.
Siempre es oportuno discutir sobre periodismo, es decir sobre las libertades públicas. Más allá de que algunas manipulen sus mensajes y busquen integrarse en oligopolios que frenan el acceso libre a la mejor información disponible -que es la contracara de la libertad de expresión de los periodistas y las empresas- y más allá de que los gobiernos crean en esa fantasía de que los diarios le forman y le deforman la cabeza a sus lectores, los medios siguen siendo el vehículo para que se exprese la sociedad. Esta verdad que algunos prefieren olvidar está en la base del constitucionalismo clásico que dice que «no habrá ley de imprenta» (Constituciones de los EE.UU. y de la Argentina) para asegurar que haya libertad de expresión.
También el sistema jurídico contemporáneo ha completado esa fórmula básica con normas que impidan la concentración oligópolica de medios, un proceso ligado a su desarrollo comercial como una necesidad para prosperar haciendo economía de escala. Ya hace rato que un órgano rector a nivel internacional como la Federal Commission of Communications de los Estados Unidos dictaminó sobre la base de estudios profundos y documentados que la concentración de medios no asegura que el público tenga un mejor servicio informativo.
Es inevitable mencionar en este debate que el país debe festejar a Julio Ramos, fundador y director durante tres décadas del diario «Ámbito Financiero», quien dedicó dos libros que hoy tienen la misma actualidad que cuando fueron escritos, hace más de 15 años, con la denuncia de las prácticas oligopólicas del grupo «Clarín», especialmente a través del control del papel de diarios gracias a su sociedad con el Estado. En «Los cerrojos a la prensa» (1993) y «El periodismo atrasado» (1996) dio una batalla solitaria en la que contó con pocos adherentes y que le costó someterse a críticas y debates que aceptó con hidalguía y abundancia de argumentos. Lo fustigaron muchos políticos y empresarios que le decían privadamente que estaban de acuerdo con él pero que en público sostenían lo contrario o hacían silencio. Seguramente temían las represalias no sólo del oligopolio «Clarín» sino también de sus socios en Papel Prensa y en otros emprendimientos, entre ellos el propio Gobierno que no aceptó sus propuestas.
Se preguntan muchos qué hubiera dicho Ramos hoy, cuando ya fallecido parece la estrella que sigue alumbrando a quienes quieren una prensa libre, emancipada de cadenas y libre de distorsiones del mercado del papel motivadas en ese monopolio que es Papel Prensa. Es imposible responder a esa pregunta pero es claro que las batallas que emprendió fueron observando siempre el interés público, nunca el privado y es fácil demostrar que esas batallas tuvieron un costo alto para él y sus empresas. Eso jamás le hizo bajar la guardia.
Hubiera sonreído al ver que el Gobierno lo cita con frecuencia con simpatía, usa sus datos y sus argumentos para sostener su posición en la pelea con el grupo «Clarín», hasta en boca de políticos que hace 15 años estaban en este tema en la vereda de enfrente. Se hubiera preguntado él si el Gobierno está dispuesto a aplicar a fondo las leyes antioligopolio vigentes en el país que podrían desbaratar esas posiciones dominantes sin la necesidad de llevar antes la batalla al Congreso o a la Justicia. Trataría también de conocer hasta dónde está dispuesto a llegar sin afectar la libertad de expresión del conjunto o sin contribuir a la creación de otros grupos concentrados de medios que controlasen el comercio del papel para diarios.
Ayer Cristina de Kirchner avanzó en la idea de darle, en una ampliación accionaria de la empresa, una silla a un representante de los diarios que están hoy afuera del «club». Eso ocurrirá después de que se sancione en el Congreso una ley que regule al sector. Sería una reivindicación particularmente de los medios del interior que pagan más caro el insumo que los de la región metropolitana porque deben imprimir la misma cantidad de páginas que sus colegas de la Capital Federal pero sus ventas son menores y son menores sus tarifas de publicidad. Un cálculo empresarial dice que el costo del papel es el 30% del total para un diario metropolitana pero del 70% para un diario del interior.
Ramos imaginó en vida una solución más audaz: que el Estado le vendiera sus acciones a los diarios del interior para que se sentasen junto a los socios privados en el directorio de Papel Prensa. Se lo propuso privadamente y en público al entonces presidente Carlos Menem, quien rechazó la idea. El actual Gobierno no cree mucho en la iniciativa privada sin tutela estatal y eso explica que en el proyecto enviado al Congreso y el presentado ayer insista en mantener al Estado como socio de una empresa mixta.
Una mirada más amplia podría pensar en que fabricar papel es propio de la actividad privada y que tampoco es el mejor negocio para el Estado fabricar un producto de uso declinante en el mundo, en donde cierran cada día más las plantas productoras de papel para diarios.
No hubiera bajado ninguno de sus reproches al grupo «Clarín», del cual fue víctima con desaires y campañas que no lo afectaron jamás. Menos cuando ese grupo usa sus páginas para defenderse en una puja política con su ex socio y comercial con quien sigue siendo su socio.
Estas prácticas alimentan la posición del Gobierno que insiste en verlo, como a otros sectores de la prensa a los que les conviene fustigar por razones políticas, como un contrincante político.
Que este debate fructifique en beneficio a interés común depende de que los actores -el Gobierno, los socios en Papel Prensa- actúen con sinceridad, algo que es exigible porque están debatiendo con legitimidad sobre periodismo, es decir sobre libertades públicas. No es sincero un periodismo que usa sus páginas para castigar medidas cuando en el fondo responde a la guerra comercial. Tampoco actúa con sinceridad su adversario cuando trata de imponer -sin que existan pruebas que debieron surgir de un proceso judicial- una historia que atribuye a empresarios la comisión de delitos aberrantes y lo acusa de colaborar con una dictadura como si alguien en aquellos años de horror alguien hubiera podido actuar con una libertad que nadie tenía.