Quedó debate abierto sobre cuánto gas hay y cuánto debe costar

• LA ARGENTINA AÚN SATISFACE CON PRODUCTO PROPIO EL 74% DE LA DEMANDA Algunos legisladores opositores pusieron el acento ayer en auditar las reservas que tiene el país para ubicar el problema en su real dimensión.

 "Se corre la bola de que la Argentina no tiene gas, pero tiene gas e infraestructura y lo que hay que hacer es producir más", dijo ayer con cierta diplomacia para no referirse a los funcionarios del Ejecutivo en forma directa, el diputado justicialista José Luis Gioja en el plenario de comisiones al que fue invitado Juan José Aranguren. Esa afirmación refiere a que aunque hay un volumen creciente de importación, el país produce el 74% del gas que consume, según los datos de 2015 publicados por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). El 26% corresponde a la importación, lo que significa que se trata de un país que aún produce las dos terceras partes del gas que consume, siendo que además este hidrocarburo representa el 50% de la demanda total de energía.

Dicho de otra forma, la Argentina tiene tanto gas, aun con la declinación registrada en la producción y reservas en los últimos años, que todavía puede cubrir la mitad de sus necesidades de energía con el fluido, mientras se estima que en Brasil esa proporción baja a menos del 15% y en Chile ronda el 10%.

Otras estadísticas tampoco justifican el énfasis puesto por el Gobierno en la necesidad de ahorrar gas y la escasa mención al consumo de electricidad. Siempre según el IAPG, en 2015 el total de gas se destinó en: el 34,2% para centrales eléctricas, el 29% para la industria, el 23,5% para residenciales, el 6,8% para el GNC y el 4% para comercios y entidades oficiales.

Así el 34% del gas se utiliza para generar electricidad y las centrales térmicas representan más del 50% de la oferta eléctrica, con lo cual apagar las luces implica un ahorro del hidrocarburo, mientras el gas debería ser más barato que la electricidad como ocurre en la mayoría de países con acceso al fluido.

Sin embargo, el actual Gobierno optó por aplicar cuadros tarifarios más altos para el gas. En apariencia lo hizo sólo porque aplicó porcentajes similares de aumento sobre las tarifas gasíferas que ya habían tenido un alza en 2014 y las de electricidad que sólo habían registrado un ajuste en 2007.

Tampoco se trató de atacar donde los subsidios eran más altos. Según un análisis del economista Miguel Bein, hecho en abril pasado a los pocos días de conocerse las nuevas tarifas de gas, "de los u$s3.500 millones que implicaría el nuevo precio que pagarían familias y empresas, sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto lo haría a las empresas del sector".

Bein puntualizó que a las petroleras se les reconocerá un precio del gas de hasta u$s7,5 por unidad de medida (millón de btu), por encima de los precios internacionales e incluso de los valores de importación que equivalen a cerca de u$s3 en el caso del procedente de Bolivia y a u$s4,5 para el GNL comprado al exterior cuyo costo llega a u$s5,5 cuando se incluye la regasificación.

En el mismo informe, el economista sostuvo que antes del ajuste de abril, "el incentivo a la oferta ya estaba puesto con un esquema donde el precio del gas nuevo era de u$s7,50". Añadió que por aplicarse un aumento para el producto que no exige inversión adicional : "además del monto completamente exagerado de la transferencia, resulta difícil de explicar la decisión considerando que no implica señal a la oferta, sino una mejora directa en los balances de las compañías", en relación con las petroleras.

Confirmando esa opinión, en los últimos meses se acentuó la caída de la actividad por parte de las empresas, empezando por YPF y por el no convencional de Vaca Muerta. En las resoluciones de Energía se fijan algunos compromisos de inversión para distribuidoras y transportistas, y ninguno para las petroleras, que son las principales beneficiarias de las subas aplicadas.