28 de noviembre 2011 - 00:00

Queja por fondos

En paralelo a los planteos elevados por la Corte bonaerense a Daniel Scioli en materia de recursos, el máximo tribunal mendocino reclamó ya al mandatario electo Francisco «Paco» Pérez que incluya en el proyecto de Presupuesto provincial 2012 los fondos necesarios para implementar las etapas pendientes del Código Procesal Penal.

El flamante titular de la Corte cuyana, Pedro Llorente -quien asumió el cargo el pasado viernes- remarcó que «el tiempo histórico requiere retomar el problema de la infraestructura edilicia, porque hay que implementar las etapas que faltan del Código Procesal Penal».

«Hoy estamos alquilando edificios y reacondicionando comisarías, pero siempre depende de la recaudación», enfatizó.

En esa línea, Llorente afirmó que si le presentaran un proyecto donde quedara asegurado un ingreso para el Poder Judicial sí avalaría entonces una autarquía. «Como pasa en Neuquén, en donde la Justicia tiene un fondo de financiamiento específico que viene del 6% de las regalías petroleras y que hasta le permite ahorrar», ejemplificó.

Días atrás, la Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió a Scioli un «inmediato envío de fondos», por una suma «no inferior a los 27 millones de pesos», debido a la «crítica situación financiera» tanto en la administración central como en los 18 departamentos judiciales».

En una nota firmada por el titular del máximo tribunal de Justicia, Eduardo Pettigiani, los magistrados reiteraron «la preocupación por la grave situación financiera que desde hace ya unos meses transita la Administración de Justicia de la provincia».

La pretensión del alto tribunal es destinar esos recursos al «Fondo Permanente previsto en la Ley de Administración Financiera ($ 12 millones) y a afrontar el pago a proveedores ($ 15 millones) de insumos indispensables para el funcionamiento de juzgados, tribunales y demás dependencias judiciales».

En la nota, Pettigiani puntualiza que esos elementos son considerados «indispensables para el funcionamiento de las dependencias judiciales ya que se trata de insumos básicos tales como papel, cartuchos de impresoras y elementos de limpieza, entre otros».

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