Julio Piumato, titular moyanista de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), dice que da por terminada la disputa con la Corte Suprema de Justicia por el aumento en el valor de las horas extras judiciales de cara a los próximos comicios, pero en los pasillos de Tribunales hay preocupación y reserva respecto a su posible influencia en la organización de las elecciones legislativas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El viernes pasado, el secretario general del sindicato oficialista que organiza a los empleados judiciales envió una nota interna al Máximo Tribunal, luego de que anunciara un aumento en el valor de las horas extras judiciales. Comunicaba que ése no era el acuerdo que el sindicato había establecido con el Ministerio de Justicia y notificaba un paro de empleados, quienes cumplieron el horario regular, pero no el turno extraordinario. En la nota, Piumato también transmitía el apoyo del Gobierno por este reclamo, que iría mucho más allá de esta cuestión puntual: el oficialismo querría que el sindicalista maneje los fondos destinados a acelerar los tiempos en la Justicia electoral y designe su gente para la organización de los comicios del próximo 28 de junio.
La lectura que se hace en el Poder Judicial de estas presiones es que, en primer lugar, se trata de un tema económico, pero, en segundo término, el control de Piumato -un dirigente del oficialismo- sobre los empleados a cargo de la organización de las elecciones podría crear la presunción de llevar a manipulaciones en la confección de los padrones. Sobre todo teniendo en cuenta que se habla del propio sindicalista como posible candidato en la lista kirchnerista de Capital Federal.
Todavía hay tres millones de votantes sin regularizar en el padrón electoral, lo que podría llevar a priorizar ciertas localidades en lugar de otras, dejar afuera zonas de electores que se caracterizan por ser opositores al Gobierno.
El titular de la UEJN aclaró ayer a este diario que la determinación de quienes se encargarán de estas tareas es responsabilidad de los jueces electorales y el sindicato no tiene ninguna intervención, a menos que haya alguna irregularidad o «se discrimine caprichosamente» a un empleado. Sin embargo, desde el Poder Judicial aseguraron que son muy comunes las negociaciones entre el sindicato y los diferentes jueces electorales del país para acordar la cantidad de personas del gremio y las que son de confianza del juez intervienen en la organización de los comicios de cada distrito.
Dejá tu comentario