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Rajoy concede una ley a favor de hipotecados
El responsable de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy también adelantó que las familias en esa situación podrán aplazar el desalojo de sus viviendas, un problema que ha aumentado en los últimos meses debido a la grave crisis económica que atraviesa el país.
En estos casos, se daría un período «de al menos dos años» para que las familias puedan seguir ocupando el inmueble embargado.
Para recurrir a la dación en pago, la hipoteca tendrá que afectar a la primera y única vivienda familiar, además de cumplir las condiciones de que todos los miembros estén en paro y hayan agotado la prestación por desempleo. Ello viene a atender un reclamo de los deudores hipotecarios en situación económica crítica, que se quejaban de que, dado que el precio de la vivienda bajó en algunas localidades periféricas de España, la entrega de la propiedad no saldaba la deuda. Es decir, de acuerdo con la situación aún vigente, hay familias que, tras haber pagado años de cuota, se quedan sin vivienda y con una deuda bancaria.
Propuestas
El responsable de Economía adelantó estas propuestas en su intervención en la Cámara de Diputados y explicó que las iniciativas serán estudiadas con los sectores afectados.
El Ejecutivo busca con ellas dar solución «a errores del pasado que junto a la crisis, han provocado situaciones insostenibles para los ciudadanos», señaló.
El Gobierno propone asimismo cambios legislativos en el mercado inmobiliario y un código de buenas prácticas en el sector bancario para que haya una adhesión voluntaria de las entidades.
El responsable de Economía hizo estos anuncios durante su intervención en la cámara baja del parlamento y en respuesta a una interpelación urgente plateada por el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela, quien criticó los «abusos» de la banca en este asunto, pese a las ayudas públicas que ha recibido.
La posibilidad de entregar la vivienda para saldar el pago de la hipoteca bancaria es una demanda que ha crecido en muchos sectores en España y a la que se sumó recientemente la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ante el gran incremento de desahucios de familias al no poder hacer frente al pago de las cuotas por haber perdido sus empleos.
Muchos de los afectados por los desahucios son familias inmigrantes, lo que llevó a algunos gobiernos, como el de Ecuador, a pedir a las autoridades españoles una salida para estas personas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca recordó que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre de 2011 se ejecutaron una media de 40 desahucios cada día solo en Madrid.
El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, dijo que las medidas anunciadas crean «falsas expectativas», ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas.
El presidente de Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Manuel Pardos, agradeció al Gobierno que haya atendido «la alarma social» que habían generado los desalojos y los embargos hipotecarios, pero consideró que las medidas «no serán efectivas», al ser su aplicación voluntaria por parte de entidades bancarias.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del pasado año los desahucios se elevaban hasta la cifra de 42.879 y las ejecuciones hipotecarias a 57.136.
Agencia EFE
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