"Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior causa una enorme preocupación", manifestó ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El jefe de la diplomacia española fue el premier y miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en hacer públicamente una valoración del paso dado el miércoles por el juez de Palma de Mallorca, José Castro, que considera que la infanta pudo ser partícipe necesaria o cómplice en los presuntos delitos pecuniarios cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
Él y su exsocio Diego Torres, imputados desde hace más de un año, son sospechosos de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público aprovechando contratos adjudicados por los gobiernos regionales de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana al Instituto Nóos, una organización que oficialmente crearon sin fines de lucro. La infanta formaba parte de la junta directiva y es propietaria al 50% junto con Urdangarin de Aizoon, una de las empresas supuestamente implicadas en la trama.
Cristina se convirtió así en el primer miembro de la familia real española en ser investigado en un proceso penal de la historia, una derivación que causa conmoción en toda España.
La preocupación de Margallo y la del Gobierno en general va más allá de la monarquía. El canciller aseguró que la imputación de la infanta "no beneficia a la marca España". Una marca dañada ya por la grave crisis económica que atraviesa el país y que se ha visto agravada por diversos escándalos políticos, como el que puso en la mira a la plana mayor del gobernante Partido Popular, y al propio Rajoy, por el presunto cobro de sobresueldos en negro. Asimismo, el propio rey Juan Carlos ha quedado en la mira por una investigación del diario El Mundo según la cual conservó cuentas secretas en Suiza recibidas en herencia tras la muerte de su padre en 1993.
El juez Castro llamó a declarar a la infanta el 27 de abril, pero podría aplazar esa cita para que la Audiencia Provincial de Palma pueda tener tiempo para resolver el recurso que la Fiscalía va a presentar hoy contra la imputación, según fuentes judiciales. Margallo pidió que la citación se "sustancie rápidamente" para aminorar los daños.
Un día después de esa decisión y de que el Palacio de la Zarzuela expresara su "sorpresa" y su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de apelar la imputación, el príncipe Felipe destacó ayer que la Justicia es esencial para mantener el Estado social y democrático.
En un acto en Barcelona con nuevos jueces que se incorporan a la carrera judicial, el heredero del trono español destacó que la función de los jueces "cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales".
Más allá de las palabras del canciller, la administración de Rajoy se limitó a expresar respeto por la decisión del juez Castro.
"El Gobierno respeta las decisiones judiciales", fue la frase más pronunciada, entre otros por el propio presidente. Rajoy destacó además la necesidad de mantener el "principio de presunción de inocencia" y aseguró que no tiene previsto tomar medidas para mejorar la imagen de la Corona.
Lo que sí hicieron miembros del Ejecutivo conservador fue cerrar filas con la Corona. La ministra de Fomento, Ana Pastor, expresó su "respeto y lealtad" por ser "la institución que más estabilidad" da al país.
El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición española, sí dio ayer un paso claro. Y fue la petición a la Casa Real de que no tome partido entre el juez Castro y el fiscal, tras la reacción del Palacio de la Zarzuela.
"He pedido a todas las instituciones, al Parlamento, al Gobierno y, desde luego, a la Casa Real, que se deje actuar a la Justicia y que no se tome partido por una discrepancia legítima, que entra dentro de la normalidad, entre el juez y el fiscal", dijo la número dos del PSOE, Elena Valenciano. La dirigente socialista lamentó, con todo, el "deterioro" que la imputación de la infanta genera en la Corona.
La infanta Cristina acudió ayer a trabajar como todos los días a la sede central de La Caixa en Barcelona, donde ejerce como responsable de Relaciones Internacionales de su fundación (ver aparte). Y lo hizo sin responder a las preguntas de los periodistas que la esperaban. Quien sí habló fue el abogado de su marido, Pascual Vives, que tras visitar en la víspera al matrimonio dijo que la mujer está "preocupada" por su imputación, si bien aseguró que "no es comparable" con la de Urdangarin.
"Los veo muy unidos ante la adversidad", manifestó a los periodistas que lo esperaban a la entrada de su despacho en Barcelona, desechando rumores que en los últimos tiempos apuntan a una crisis en el matrimonio y a una posible separación.
| Agencias DPA, EFE, ANSA y Télam; y Ámbito Financiero |