Reabre una cámara polémica causa sobre la Procuradora

Alejandra Gils Carbó

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, deberá responder ante la Justicia por los nombramientos de fiscales suplentes. La Cámara Federal revocó la desestimación de dos denuncias en contra de la funcionaria por la creación de unidades fiscales especiales. En paralelo, fue acusada junto al juez federal Sebastián Casanello por uno de sus subordinados, el fiscal federal Gerardo Di Masi, por presunto encubrimiento en la causa en la que se investigan eventuales maniobras de lavado de dinero ligadas al empresario santacruceño Lázaro Báez.

La Sala I del tribunal resolvió en la misma línea frente a dos denuncias: una presentada por el senador radical Mario Cimadevilla, que objetó la creación de las procuradurías especiales sobre lavado de dinero (Procelac) y narcotráfico (Procurar) por entender que se excedió en sus funciones, y otra de la Asociación Civil "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional", que planteó el mismo cuestionamiento y lo extendió a todos los fiscales ad hoc, es decir, sin acuerdo del Senado.

Los expedientes, que contaban con el impulso del fiscal Guillermo Marijuan, habían sido desestimados en primera instancia por Casanello. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero (Eduardo Freiler está de licencia) revocaron las desestimaciones por entender que los nombramientos de fiscales por parte de Gils Carbó se hicieron bajo la modalidad de estables y no coyunturales mediante "el tránsito de un camino tangencial al normativo".

Al momento de la creación de la Procelac, en diciembre pasado, este diario dio cuenta de la preocupación de varios fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py por una eventual superposición de tareas con los funcionarios de las nuevas unidades. Las denuncias formales se dispararon una vez que la Procelac no incluyera como sujeto de investigación a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, algo que sí hizo luego Marijuan.

En su defensa, cerca de Gils Carbó alegaron que la misma imputación contra la funcionaria debía caberles a predecesores como Esteban Righi, Luis González Warcalde o Nicolás Becerra, que según dijeron también apelaron en sus gestiones a nombramientos de fiscales ad hoc para colaborar en causas sobre temáticas definidas tales como los juicios contra acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

En paralelo, ayer mismo el fiscal Di Masi pidió imputar a la procuradora general y a Casanello por un presunto encubrimiento al santacruceño Báez. La acusación también alcanzó a los fiscales ad hoc Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procelac. Según Di Masi, los funcionarios podrían haber incurrido en un "accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso".

El dictamen del fiscal respondió a una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió ligada a la decisión de esos funcionarios de no incorporar a Báez como imputado en la investigación por supuesto lavado. El planteo de Di Masi deberá ser resuelto ahora por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La legisladora sostuvo al acusar a Casanello que el juez se negó a practicar un allanamiento que le había pedido el fiscal Marijuan sobre una baulera en la localidad de Tigre en la que, de acuerdo con una denuncia, se hallaba documentación supuestamente relacionada con una financiera de Puerto Madero que figuraba en la investigación.

Una denuncia similar, y que arrancó antes, se tramita en el juzgado de Julián Ercolini: la presentó el legislador porteño Julio Raffo (Proyecto Sur) en contra de Gonella. En este caso, el fiscal Federico Delgado ya había dictaminado el 7 de mayo a favor de investigar a Gonella por no haber incorporado a Báez al elenco de sospechosos.