Cristina de Kirchner ordenó que analicen otras alternativas para garantizar la continuidad de la papelera Massuh, y que por ahora se desestime el camino de una nacionalización.
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«Nosotros nos hacemos cargo del problema, y Héctor Massuh vuelve tranquilo a su campo», fue la frase con que la jefa de Estado descartó poner dinero del Estado, ante varios integrantes de su gabinete, involucrados en las negociaciones. El ahora crítico empresario, pero antes defensor de los movimientos K, se mostró favorable a la salida nacionalizadora, incluyendo su desplazamiento definitivo de la papelera. El plan incluía, además de la salida de Massuh, la inyección de fondos líquidos por parte del Estado, para mantener las 800 fuentes de trabajo y la planta de Quilmes abierta.
Embargo
Massuh tiene ya embargada parte de sus acciones a favor de un fondo de inversión del exterior, que hasta el año pasado era financista. El empresario había sondeado -sin éxito- la posibilidad de embargar otras propiedades a su nombre, especialmente campos en la Mesopotamia, a cambio de financiamiento privado para no perder el manejo de la papelera.
La compañía está hoy concursada y con una deuda total de $ 249 millones, de los cuales más de la mitad se mantiene con bancos públicos, especialmente el Nación y el Provincia de Buenos Aires. Ambas entidades forman también parte del plan de salvataje a la compañía, disponiendo de líneas de financiamiento para sostener la circulación de pagos a proveedores y la liquidación de salarios de los empleados, siempre que no sean directivos. El Ministerio de Trabajo había garantizado el giro de fondos para poner al día el pago de los salarios, caídos hace dos meses.
La planta de Quilmes tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas de pasta celulósica y otros tipos de papel de uso industrial y particular.
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