El kirchnerismo, la Coalición Cívica y el ibarrismo manifestaron ayer su rechazo al decreto de necesidad y urgencia que firmó el martes Mauricio Macri imponiendo penas de prisión y multa sobre distintas acciones que pudieran interferir en la libertad de expresión, como el bloqueo a la salida de diarios. Sin embargo, la medida sería anticonstitucional, no por el contenido, sino porque no podría imponerse mediante un decreto sino a través de una ley. El candidato K, Carlos Tomada, inclusive se presentó en la Legislatura porteña, ayer, para dar una conferencia en ese sentido. Junto con el legislador Aníbal Ibarra, formularían una denuncia para evitar que se aplique el DNU. «Los delitos y contravenciones que conllevan castigos o penas privativas de libertad deben ser establecidos por ley en los Congresos y Legislaturas y no hay otra opción», explicó el legislador y sostuvo que «una sociedad en donde el Poder Ejecutivo puede establecer figuras penales y contravenciones y además tiene la Policía para ejecutarlas es una sociedad autoritaria».
Para el jefe del bloque Coalición Cívica, Fernando Sánchez, «La Libertad de expresión en la Argentina se encuentra gravemente dañada y todos debemos defenderla», pero «no se puede defender un derecho constitucional como ese con un decreto inconstitucional ni con propaganda electoral».
Los DNU en la Ciudad de Buenos Aires deben se aprobados por la Legislatura, pero por ahora no hay acuerdo con respecto a la norma que firmó Macri, en principio porque consideran que debe tratarse un proyecto de ley, pero también estudian si en ese caso la medida no se contrapone con otros aspectos de la Constitución.
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