Reconoce el Gobierno: caso Schoklender “es una estafa”

Abel Fatala, secretario de Obras Públicas, concurrió ayer a Diputados. Lo citó el radical Hipólito Faustinelli, jefe de la Comisión de Vivienda, junto con Luis Bontempo, de Desarrollo Urbano, para que explicara el manejo de fondos de Sergio Schoklender.

La visita de funcionarios del Gobierno a Diputados para explicar el sistema de financiamiento de las viviendas que Madres de Plaza de Mayo construye en el programa Sueños Compartidos, terminó ayer con una batalla entre los intentos oficialistas por despegar al Gobierno del escándalo de Sergio Schoklender, asignando la responsabilidad por la entrega de fondos a municipios y provincias y la oposición que se retiró denunciando que las explicaciones no habían sido suficientes. De hecho si algo quedó claro es que algún ajuste a los controles habrá que hacer en el futuro.

No era de esperar otro escenario. Ayer el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, concurrieron a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados. Debe reconocerse que, para lo que marcan las costumbres del Gobierno, concurrieron tras la citación con más velocidad de lo pensado.

Fatala, como hicieron hasta ahora el Gobierno y las propias Madres, denunció a Schoklender como estafador. Pero por las dudas, derivó toda responsabilidad a municipios y gobernadores: «Nosotros no tenemos trato directo con Madres, tratamos con las jurisdicciones».

La explicación dejó dudas: «La estafa es una estafa que está afuera del sistema. Es como si hubieran abierto una caja fuerte y se llevaron la plata. Estamos en una línea muy finita en la que se mezcla el financiamiento estatal con una estafa realizada por un tercero», dijo Fatala.

«Los dineros que hemos aplicado en la construcción de las viviendas a través de la Fundación tienen un curso normal. Desde el punto de vista financiero, todo está bien». En ese intento por despegar al Gobierno del escándalo hay un punto que sigue generando demasiado ruido en la oposición: no se explican claramente los controles a la ejecución de ese programa de viviendas, ni tampoco por qué se obviaron licitaciones en ese proceso.

Fatala explicó que durante 2008 se firmaron 2.088 convenios para la construcción de viviendas sociales con el programa Sueños Compartidos. De ahí que al final la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes embistiera contra los dos funcionarios: «Se lavaron la manos sobre el control de los fondos destinados al Plan Federal de Construcción de Viviendas. Schoklender manejaba una partida que era dos veces superior a la del resto de las ONG que ejecutan el Plan Federal. El Gobierno no puede desentenderse de hacer un seguimiento de esos recursos», dijo.

Con tranquilidad, Bontempo enfrentaba las acusaciones: «Financiamos las obras de acuerdo con los avances y no tenemos denuncias de las jurisdicciones», y agregó que «el valor del metro cuadrado es igual al de los programas federales».

«Nos quedan muchas dudas sobre las auditorías que debieron haberse realizado», replicó después Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, y además «los funcionarios nos dijeron que a las Madres ya se les giraron 765 millones de pesos y que faltan 500 millones de pesos más. Es decir, estamos en un plan de 300 millones de dólares».