• El artículo 155 de la Constitución española es un recurso extremo, nunca aplicado en 40 años de vida democrática, que expresa que si una comunidad autónoma no cumple la legalidad o atenta gravemente contra el interés general de España, "el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (...), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones..."
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• Ese artículo no prevé la suspensión de la autonomía, sino que abre un amplio campo de posibles medidas, como, por ejemplo, la sustitución del presidente del Ejecutivo catalán, o la asunción de las competencias por parte del Estado en materia de orden público.
• La aplicación del artículo de intervención podría llegar incluso, según algunas fuentes, a la pérdida de la condición de aforado judicial para Puigdemont, circunstancia que, a su vez, podría facilitar la acción penal contra él desde los tribunales españoles.
• Para poner en marcha este artículo, el Ejecutivo debe tener la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, que ya tiene asegurada con los votos del gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha).
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