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Remedios: denuncian contactos entre las droguerías y Salud
Norberto Oyarbide
El dato señalado por el titular de la empresa de auditorías farmacéuticas Global Pharmacy refuerza las supuestas irregularidades en el manejo de los programas para tratamientos de alta complejidad que financia esta oficina a las obras sociales sindicales, entre ellas, la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA), donde Lorenzo tenía uno de sus principales negocios y es eje de la pesquisa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
Tanto este magistrado como el juez federal Claudio Bonadío -que centra su pesquisa en la obra social de Camioneros, sindicato liderado por el socio político de los Kirchner, Hugo Moyano- investigan si desde la APE y las obras sociales se falsificaron expedientes para repartir dinero de manera supuestamente ilícita.
Imputados
En sus indagatorias anteriores Brito ya había apuntando a los supuestos negociados que hicieron droguerías y obras sociales sindicales, a través del manejo irregular de las carpetas de la APE. En este punto, el empresario señaló al ex titular de esa oficina, Néstor Vázquez, al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, Héctor Capaccioli, y al procesado Lorenzo como responsables de estos supuestos negociados.
El abogado defensor de Brito, Alejandro Sánchez Kalbermatten, destacó ayer que su cliente no había ampliado la información respecto a estos temas porque el juez no le había dicho que profundizara en sus declaraciones, si bien hacia el final de la indagatoria el propio imputado ofreció aportar más datos sobre este tema.
No hay que olvidar que Brito está acusado de supuestamente haber participado en la asociación ilícita investigada y por supuesta extorsión, y que la indagatoria es la instancia en la que los imputados deben justificar sus acciones. Respecto a los delitos por los que se lo investiga, el empresario señaló que Global Pharmacy auditaba a San Javier y a otras farmacias que proveían medicamentos a diferentes obras sociales sindicales y que este procedimiento se limitaba a verificar los listados de pedidos de remedios con los listados de pacientes, es decir que no incluía el testeo de medicamentos adulterados.
Sin embargo, Brito resaltó que había detectado ciertas irregularidades en los troqueles de la OSBA y que se lo comunicó a Lorenzo, quien supuestamente desestimó sus comentarios. El indagado señaló además que había pedido por mail la intervención de esta obra social al auditor oficialista, Javier Fernández, en setiembre de 2009, cerca de la fecha en que Lorenzo fue arrestado y estalló la causa de la llamada mafia de los medicamentos.
Brito mandó otros mails con advertencias y denuncias a funcionarios del Gobierno referidos a los cheques por $ 310 mil que llevan su nombre y fueron contribuciones a la campaña presidencial de 2007, a pesar de que él niega haber hecho los aportes y lo responsabiliza a Lorenzo. Todos ellos fueron entre agosto y diciembre de 2009, cuando la pesquisa de Oyarbide ya estaba en pleno avance.
El titular de Global Pharmacy admitió también que trabajaba para varias obras sociales y destacó que muchas de ellas -entre las que mencionó a TURF y a Camioneros- habrían falseado los expedientes de sus afiliados para obtener más dinero de la APE. El juez tiene ahora diez días para definir su situación procesal, mientras que la defensa presentó hoy un nuevo pedido de excarcelación para Brito.
Por su parte, el fiscal que impulsa el caso, Luis Comparatore, definirá nuevas medidas en los próximos días y es posible que apunte a los funcionarios y ex funcionarios de Salud. El fiscal pidió hace meses la indagatoria de Capaccioli sobre la que Oyarbide todavía no se ha pronunciado.