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Remedios-gate: investigan a pacientes de Moyano
Bonadío requirió a la cartera sanitaria informes acerca de los pacientes declarados por el gremio como atendidos por enfermedades oncológicas, sida o hemofilia. Se trata de dolencias cuyos tratamientos son los más costosos. Los valores de esos remedios son devueltos a las obras sociales por la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo del Ministerio de Salud.
La causa de Bonadío es paralela a la del también juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la denominada «mafia de los medicamentos». El pedido de Bonadío se concretó en momentos en que los primeros peritajes judiciales sobre los comprobantes entregados por Oschoca de los tratamientos brindados a pacientes oncológicos arrojaron inconsistencias.
El magistrado intenta determinar si hubo falsificaciones de troqueles de remedios para el cobro de reintegros de la APE o bien irregularidades en la tramitación de esos expedientes ante el organismo. En mayo, Bonadío había allanado la sede de la obra social de choferes.
Al pedido de Bonadío y al resultado de los peritajes debe agregarse que Oyarbide, en la causa que instruye, citó a indagatoria para el 23 de noviembre a Marcos Hendler, el dueño de Droguería Urbana, la principal proveedora de Oschoca de remedios para casos complejos y de alto costo.
En la intimidad, Moyano confesó a sus colaboradores su temor de que tales pasos judiciales tengan vinculación con la muerte de Néstor Kirchner, su principal interlocutor ante el Gobierno, y con un posible intento de un sector del Ejecutivo de presentarle un panorama tribunalicio sombrío.
En esta línea, el camionero teme que un ala del Gobierno tenga previsto hacerle saber que, de mantenerse los planteos inflexibles de Moyano a la Casa Rosada, deberá afrontar un escenario judicial complejo. Como ejemplo, el jefe de la CGT tiene a la vista al líder de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, encarcelado por orden de Oyarbide, y a José Pedraza, en la mira de la jueza Susana Wilma López, a cargo de la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferrey.
Como muestra, el viernes la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la validez de una resolución que ordenaba un peritaje sobre los troqueles de un remedio oncológico. Moyano había pedido invalidar esa prueba pericial.


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