Remedios: veinte que van a juicio

La Justicia indagará antes de fin de mes a los dos últimos acusados en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos» antes de enviar el expediente a juicio oral. Una vez completado el trámite, un debate oral y público definirá la suerte de una veintena de personas entre funcionarios, sindicalistas y empresarios del rubro de droguerías. Entre ellos estarán Juan José Zanola, jefe de la Asociación Bancaria, y Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de Salud.

Se trata de la causa 1787/07, caratulada «Lorenzo, Néstor y otros, s/tráfico de mercaderías», y otros tres expedientes conexos que abrió Norberto Oyarbide conforme avanzaba en su investigación. Antes de fin de mes el magistrado prevé indagar a Hugo Sola, directivo de la Administración de Programas Especiales (APE) y hombre de confianza del jefe de la CGT, Hugo Moyano, y a María Gabriela Spatola, quien desarrollaba tareas en el área de Farmacia del Policlínico Bancario.

En Tribunales explicaron que son los dos últimos sospechosos que serán indagados. Luego se prevé que habrá un período para resolver las apelaciones de los procesamientos dictados en el expediente, y una vez finalizado la causa será remitida a juicio oral. Incluso, las defensas de varios de los imputados que en la actualidad están encarcelados le dieron a entender a Oyarbide que prefieren afrontar el debate oral antes que continuar con las apelaciones, por considerar que de ese modo sólo extenderán las detenciones.

En los últimos meses, la Cámara Federal confirmó la mayoría de los procesamientos dictados por Oyarbide, a pesar de que amonestó en numerosas oportunidades al juez por entender que no mantenía una adecuada dirección en la investigación y tenía tendencia a ramificarla en lugar de derivar a sus colegas las eventuales irregularidades con las que se encontraba en el camino.

En el juzgado explicaron que el debate oral girará en torno de por lo menos siete presuntas asociaciones ilícitas. Las centrales apuntan a la posible responsabilidad de Zanola; su mujer, Paula Aballay, la exdirectiva del Policlínico Susana Fionna y del empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. Los cuatro están detenidos desde noviembre de 2009, por lo que se aproxima el plazo máximo de dos años estipulado para retener a un sospechoso en situación de prisión preventiva.

Zanola, Aballay y Fionna tendrán la última oportunidad de llegar en libertad al juicio oral a partir del análisis que deberá hacer la Cámara Nacional de Casación Penal, la máxima instancia del fuero, a los recursos presentados por sus defensores.

En la veintena de imputados que tienen los expedientes, además de los detenidos, figura Capaccioli, exsuperintendente de Salud y cuyo procesamiento fue confirmado en junio por la Sala II de la Cámara Federal como supuesto miembro de una asociación ilícita, así como por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En similar situación irá Sebastián Gramajo, directivo de ANSES que, al igual que Capaccioli, desempeñó un papel clave en la recaudación de fondos para la campaña de Cristina de Kirchner en 2007. Gramajo era el responsable financiero.

Otro exfuncionario cuyo procesamiento fue confirmado es Juan Rinaldi, quien estaba a cargo primero de la APE y luego de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las sospechas en su contra apuntan a expedientes de subsidios o reintegros firmados al frente de la APE, el organismo que se encarga de reembolsarles a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos más costosos.

En el rubro empresarial, además de Lorenzo participará del debate como sospechosos Marcos Hendler, dueño de la Droguería Urbana, la principal proveedora de la obra social de los camioneros (Oschoca) y señalado en el expediente de Oyarbide por una conversación telefónica grabada en la que le pide a una colega troqueles de medicamentos supuestamente perdidos en la prestadora de salud del gremio de Moyano. Cristian De Marco, socio de Hendler en Urbana, será otro de los sometidos al juicio oral al igual que su padre, Miguel De Marco, exdirectivo de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat).