La expropiación de YPF, anunciada el lunes por Cristina de Kirchner, y que el Senado votará por am-plia mayoría la semana próxima, detonó una sorda disputa.
La usina a esa discusión fue el capítulo que fija repartir el 49% de lo reestatizado entre las provincias.
Por debajo de la euforia inicial, que se expresó por caso en la ocupación inmediata de la sede de YPF en Puerto Madero, por parte de funcionarios y gobernadores, empezaron a circular análisis, posturas y criterios respecto a cómo debe hacerse la distribución.
Hay, en ese aspecto, tres planos:
El principal, y por ahora el más visible, es cómo se ejecutará el reparto de acciones entre las 10 empresas petroleras. El texto enviado por la Presidente sostiene que se distribuye entre esos estados y establece, genéricamente, que para hacerlo se deben considerar dos factores: la producción y las reservas certificadas. A partir de esos dos componentes, se define un «coeficiente» para resolver cuánto le toca a cada una. Por esa vía, a Chubut, Santa Cruz y Neuquén les corresponden los mayores porcentajes, mientras que Mendoza aparece, lejos de ese primer pelotón, en el cuarto escalón. Al resto le toca quedarse con porcentajes menores.
La cuestión accesoria refiere a las provincias que están con intenciones de entrar al club petrolero y que realizan, o planean realizar, tareas de exploración y prospección. Es el caso, por ejemplo, de San Juan, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras. Esos gobiernos -algunos con tareas avanzadas- plantean interrogantes sobre qué ocurrirá en caso que encuentren reservas explotables. ¿Será YPF la encargada de los trabajos? En ese caso ¿deberán ser incorporadas como accionistas? Si es así ¿en desmedro de quién? ¿De otras provincias o del porcentaje del Gobierno nacional?
El tercer ítem es más complejo porque aborda una cuestión de equidad en el reparto. No hay, a priori, discusiones sobre las regalías que son absorbidas, mayoritariamente, por cada una de las empresas mientras que los impuestos nacionales, como Ganancias, Retenciones o IVA que tributa el sector, van a las arcas nacionales y se redistribuyen luego vía Coparticipación.
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