Resuelven si apaciguan a gremios con fondos

Liliana Korenfeld

El Gobierno tendrá que definir esta semana si complace a sindicalistas afines o tolera un posible embate judicial contra el Estado por los fondos de las obras sociales. Los sectores rivales de la CGT avanzarán con estrategias paralelas, pero con el mismo objetivo: lograr un mayor desembolso de fondos de parte del Ejecutivo para sus organizaciones de salud. Se trata de uno de los puntos más sensibles de la agenda sindical, cualquiera sea el sector consultado.

Parado en la oposición, Hugo Moyano activará mañana los mecanismos para presentaciones simultáneas de las obras sociales ante la Justicia para reclamar por lo que denuncian como una suerte de incautación de fondos que pertenecen a los afiliados. El camionero encabezará una reunión con presidentes de esas entidades para alentarlos a iniciar demandas, tal como anticipó este diario la semana pasada. Cerca de Moyano calculan que por lo menos 30 organizaciones aguardan una señal para presentarse en tribunales.

El de sus rivales, en cambio, será el camino de la negociación. Entre mañana y el miércoles prevén reunirse con la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, a la espera de una serie de medidas que ya le fueron solicitadas y que la funcionaria se comprometió a analizar. El encuentro con Korenfeld está en línea con el que el bloque opositor al camionero mantuvo la semana pasada con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La expectativa del bloque sindical más afín al Gobierno está centrada en la actualización de montos que alimentan de manera automática los ingresos de las obras sociales y que no dependen de los expedientes paralizados en la Administración de Programas Especiales (APE), cuya liberación prevén con mayor demora.

El reclamo mayor es por la actualización de los descuentos que el fisco practica sobre las organizaciones de salud. La legislación prevé una retención de entre el 10% y el 15% sobre la recaudación de las obras sociales para destinarla al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que a su vez alimenta la APE y que en la actualidad acumula unos 15 mil millones de pesos.

Los afiliados que ganan más de $ 2.400 aportan el tope, es decir el 15%, y la falta de actualización de los niveles de aporte hizo que en la actualidad no existan obras a las que se les retiene el 10%. En el caso de las obras sociales de dirección (empresarias), la porción de retención se eleva del 15% al 20%. La modificación reclamada por los gremios demandaría un ley o bien un decreto de necesidad y urgencia.

Mientras tanto, el Gobierno podrá explorar otra mejora con menor costo fiscal, al menos como señal a los sindicatos afines. Se trata del Subsidio Automático Nominativo (SANO), un monto que cada mes la Superintendencia de Salud liquida a las obras sociales para compensar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) en los casos de trabajadores con bajos salarios o grupos familiares numerosos. El SANO representa en la actualidad un desembolso de 30 millones de pesos y la última vez que fue elevado fue en 2010.

Como alternativa de fondo, dirigentes como Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que militan en el sector opositor a Moyano e integran el grupo de los «independientes», le propusieron al Ejecutivo analizar la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de los tratamientos de alto costo mediante reembolsos directos a los pacientes, en lugar de pagarlos a las obras sociales como sucede hasta ahora.