El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Luego de recibir a los presidentes de cámaras de todo el país, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recibió en el Palacio de Justicia al ministro de Economía, Alfonso Prat Gay. En una reunión que fue definida como "protocolar", primó el hermetismo sobre los temas abordados entre ambos. Solo trascendió una imagen. Sin embargo, ese encuentro ocurrió en momentos en los que el Gobierno busca que la Corte le ponga un freno a los amparos sembrados en distintas jurisdicciones y fueros de todo el país por los aumentos en las tarifas de luz y gas, que ya le generaron varios fallos adversos en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires, como casos testigo. En simultáneo a ese encuentro, la jueza María Alejandra Biotti declaró la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en las causas por aumentos en las tarifas del gas y pidió que remitan a ese fuero todos los expedientes iniciados en distintos juzgados del interior del país. De esta forma, el fallo de Biotti obliga a inhibirse de actuar a los juzgados en el interior, y exige que todas las causas sean remitidas para intervención de ese fuero, que centralizaría cualquier intento de judicialización de los aumentos. La movida fue leída como una jugada de póker, ya que evita al Gobierno la sucesión de posibles fallos que retrotraigan las tarifas dispuestos por diferentes juzgados.
Mientras tanto, en paralelo, la Corte podría dilatar o no una definición sobre la competencia originaria de ese tribunal sobre la Justicia chubutense, que ya había otorgado un revés al Ejecutivo con una medida cautelar otorgada por el Juzgado de Rawson el 23 de mayo. De una forma u otra, en el máximo tribunal o en el fuero contencioso administrativo federal, el Gobierno podría litigar con mayores garantías de sentencias favorables y así conjurar la posibilidad de que otros juzgados, sobre todo los del interior del país, esquivaran los ajustes tarifarios por la vía cautelar.
Sin decirlo explícitamente, se arrogó la competencia en todo el país para entender en esta disputa, ya que consideró que los actos emanados de las autoridades nacionales con asiento en la Capital Federal (es decir, el Poder Ejecutivo Nacional) tengan sólo la jurisdicción de su zona geográfica.
G.M.
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