"¡Que no!¡Que no somos delito!¡Que no!", corearon los manifestantes mientras recorrían el centro de Madrid en dirección a la emblemática Puerta del Sol de la capital, en medio de un ambiente festivo con son de tambores. "No quieren que nadie proteste. Quieren que estemos todos callados", se queja Juan Sánchez, un joven estudiante de 21 años, que marchaba enarbolando una bandera roja, amarilla y morada de la Segunda República española.
La denominada "ley mordaza" es una de las más polémicas impulsadas por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy. Cuestionada tanto por los grupos de la oposición como por parte de la ciudadanía, fue aprobada en marzo por las cortes españolas sólo con el apoyo del oficialista Partido Popular (PP).
El Ministerio del Interior español comenzó a esbozarla en 2013, tras las manifestaciones que en los momentos más duros de la crisis económica intentaron rodear el Congreso de los Diputados en varias ocasiones. La oposición afirma que la nueva norma limita libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y que vulnera hasta 12 artículos de la Constitución.
El texto contempla multas de hasta 600.000 euros para las conductas consideradas "muy graves", como manifestarse sin comunicarlo en lugares "críticos" -como centrales nucleares o aeropuertos- o celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas con anterioridad. Las protestas realizadas ante el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos regionales o altos tribunales estarán consideradas "infracciones graves" y serán multadas con cantidades que van de los 601 a los 30.000 euros.
Lo mismo ocurrirá si se impide la ejecución de desalojos ordenados por un juez, si hay desórdenes en la vía pública, desobediencia o resistencia a la autoridad o una negativa a disolver reuniones o manifestaciones. Este último punto recibió, además, la especial atención de Ada Colau, de 41 años, y flamante alcaldesa de Barcelona, quien desde 2009 fue la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un movimiento social que nació para ayudar a aquellos que, golpeados por la crisis económica, se enfrentaban a un deshaucio de sus casas al no poder hacer frente a los pagos del banco.
Por otra parte, castiga "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales" de policías "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación". Una limitación que denunció Amnistía Internacional: "Captar imágenes de la Policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía". "Con la entrada en vigor de la 'ley mordaza', el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre", concluyó por su parte la Asociación de la Prensa de Madrid en un comunicado.
Otro de los fragmentos más polémicos de la normativa es la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera entre España y Marruecos, que permiten la repatriación inmediata al país del norte de África de los subsaharianos que logran entrar ilegalmente en territorio español saltando las vallas fronterizas.
| Agencias ANSA y DPA y Ámbito Financiero |
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