Salud: se viene paro (y más aumentos)

El cese de actividades de las empresas de salud de este miércoles se verá reforzado la semana próxima por medidas de fuerza del sindicato de la Sanidad. Sin presentarse como acciones coordinadas, las protestas de ambos lados del mostrador apuntarán a lo mismo: obtener del Estado un reconocimiento de la suba de los costos de la actividad cercano al 30% para habilitar los fondos suficientes para costear un aumento en ese nivel de los salarios de los trabajadores.

Héctor Daer, jefe de la seccional Buenos Aires del gremio de Sanidad, le confirmó a este diario que el conflicto sindical ya está planteado en algunos rubros de la actividad, como en los hospitales de colectividad. "El viernes un plenario de delegados resolvió declarar estado de alerta y movilización. Esto implica asambleas todos los días y trabajo a reglamento", apuntó el dirigente. Y adelantó que la semana que viene seguramente comenzarán las medidas de fuerza en el resto del sector prestacional, en particular en clínicas, sanatorios y centros con o sin internación.

El gremio reclama un aumento salarial del 30% y la vigencia de la nueva escala salarial de manera anticipada. Por caso, Sanidad ya acordó con las droguerías una suba del 30% en dos cuotas (el 20% en mayo y el 10% acumulativo desde agosto) desde este mes, cuando la escala salarial de 2014 debería comenzar a regir recién en junio. Para otras ramas de la actividad el sindicato demandó adelantar dos meses la vigencia del nuevo convenio colectivo, como método para compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

Tanto el sindicato como el sector empresarial juran no haber coordinado sus acciones de protesta, aunque las de un lado están relacionadas necesariamente con las del otro. Jorge Cherro, presidente de la entidad mayoritaria que agrupa a clínicas y sanatorios (ADECRA), le confirmó a este diario que pasado mañana habrá un lock out patronal "para dar cuenta de la crisis en el sector y la necesidad de actualizar los aranceles por la suba de costos de los prestadores y de financiar los aumentos salariales". Para los empresarios, la Superintendencia de Salud (organismo público que monitorea el funcionamiento de obras sociales y prepagas) debería autorizar incrementos de aranceles de no menos del 30 por ciento.