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Schoklender: allanan, pero las pruebas no aparecen
Pablo Schoklender
La prueba más contundente la constituyen los resultados de los allanamientos ordenados por Oyarbide. De los doce operativos del miércoles en la sede de Madres y en los domicilios de tres empresas, apenas uno devolvió documentación considerada valiosa por los investigadores. Pero fue la conclusión de los allanamientos del martes.
El fiscal Jorge Di Lello recién estará hoy en condiciones de elevarle a Oyarbide el requerimiento de instrucción basado en la ampliación de la denuncia que habían presentado diputados de la Coalición Cívica. En ese escrito, el fiscal pedirá nuevas medidas sobre más personas y sociedades de las que constaban en su primer requerimiento, del 3 de junio pasado.
En la primera denuncia de la CC, de hace un año, constaba una veintena de personas y empresas ligadas a los Schoklender, en tanto que en la ampliación presentada la semana pasada por los diputados Elsa Quiroz, Maricel Moro y Fernando Sánchez ese número se elevó a un centenar. Sobre esa cantidad se prevé que Di Lello pedirá más allanamientos y otras medidas de prueba.
Sin embargo, en las últimas horas se hizo notorio el desánimo entre los encargados de llevar adelante la pesquisa. Dos de ellos definieron como un fiasco el primer allanamiento de esta semana, realizado el martes sobre oficinas relacionadas con Pablo Schoklender. Esos procedimientos habían sido sugeridos a Oyarbide por la propia Hebe de Bonafini, quien le entregó al juez las llaves de los locales del menor de los Schoklender ubicados en la misma cuadra que el grueso de la estructura de Madres, en Hipólito Yrigoyen al 1500.
En la reserva que impone el secreto de sumario, dijeron que el operativo parecía haber sido una suerte de puesta en escena para el magistrado, que montó en cólera al conocer su resultado.
No le fue mucho mejor a Oyarbide al día siguiente. Ante la sospecha de haber caído en una trampa, el juez allanó el corazón del andamiaje de Madres, sin esperar el plazo que le había concedido a Bonafini para presentar la documentación que le había requerido. Mandó al personal de la Policía Federal a recorrer la sede de la fundación, la universidad y de la misión Sueños Compartidos.
De las cajas con papeles que retiró el personal, apenas una levantó suspicacias por tener material de la fundación, relacionado con Pablo Scho-klender, que fue hallado en dependencias de la universidad, donde supuestamente no debía estar.
Al mismo tiempo, allanó tres locales donde según las averiguaciones previas funcionaban las empresas Constructora Calificada, Docamer SA y Constructora 211. También, el domicilio de Congreso que figuraba como propiedad de Hugo Gallardo (ligado a esas compañías), el reemplazante de Sergio Scho-klender como coadministrador de la fundación y que duró en su cargo apenas un día, luego de que trascendieran sus vínculos de negocios con los hermanos exapoderados. La información estaba desactualizada: las empresas no funcionaban más en esas direcciones y Gallardo no era más propietario de la vivienda.
Una sospecha comenzó a crecer en los tribunales federales. El allanamiento del martes fue sugerido por Bonafini y dio nulos resultados. Los del día siguiente fueron propuestos en un escrito por Pablo Schoklender, que se quejó del «encono» de Bonafini en contra suya y de su hermano y recomendó poner a salvo de la líder de Madres la documentación que ella misma denunciaba como saqueada por los exapoderados.
Dicho de otra forma, los diez días de gracia que Oyarbide y Di Lello les dieron a Madres para reunir documentos, desde que la denuncia entró a la Justicia, dejaron como saldo un desierto de pruebas. También tomaron nota de las señales confusas que envió Bonafini: tras apartar a Sergio Schoklender, puso en su lugar a Pablo; poco después lo cambió por Gallardo, de la misma línea, y finalmente debió ubicar al frente de la fundación a su propia hija, María Alejandra Bonafini.
Análisis
Claro que el juez y el fiscal dedicarán la jornada de hoy y buena parte de la semana próxima a analizar los documentos secuestrados y habrá margen para nuevos allanamientos. Pero en la Justicia federal ya no creen que Schoklender tenga contadas sus horas en libertad, como se daba por hecho hasta la semana pasada.
Oyarbide, en tanto, cumplió con los periodistas que ayer lo aguardaban a la mañana en la puerta de su casa con una declaración de rigor. Dijo que la causa tiene «ribetes importantes» y que se trata de «un caso altamente complejo» por las personas involucradas y por la presencia de empresas «que hay que cuantificar».
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