Schoklender quiere apartarlo a Oyarbide

Sergio Schoklender

Sergio Schoklender le pidió ayer al juez federal Norberto Oyarbide que se aparte de la causa en la que se investiga una presunta defraudación en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas, y reunir las acusaciones en su contra bajo el mando de otro magistrado, Marcelo Martínez Di Giorgi, que instruye un expediente paralelo. Ayer mismo, la Cámara Federal aceptó incorporar como querellante a la Unidad de Informaciones Financieras (UIF), origen de las denuncias en contra del exapoderado por presuntos movimientos financieros sospechosos.

El mayor de los hermanos Schoklender basará su estrategia en quitarle el sumario a Oyarbide, quien desde que arrancó la investigación inhibió bienes, produjo embargos y prohibió la salida del país del exapoderado y de decenas de acusados, para derivarla en Martínez Di Giorgi, que optó por encarar la otra causa con un enfoque diferente: buscar si en la ejecución de obras por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se cometieron irregularidades antes de avanzar con las acusaciones.

Schoklender volvió ayer a Tribunales para entregar dos escritos. Uno en el juzgado de Oyarbide, a quien le planteó un recurso de «litispendencia», que implica sostener que el mismo hecho es sometido a análisis judicial por parte de dos jueces diferentes. Según el ex mano derecha de Hebe de Bonafini, las investigaciones en dos juzgados por los mismos hechos pueden derivar en «una doble persecución penal» en su contra, además de afectar el criterio de «economía procesal» que debe regir en la Justicia.

En tanto que a Martínez Di Giorgi, el principal sospechoso le solicitó abrir un planteo de competencia con su colega Oyarbide con el envío de un oficio «inhibitorio», en el que le pida no continuar con la causa a su cargo y que la remita al primer juzgado para unificar las actuaciones.

El reclamo de Schoklender, sin embargo, tiene pocas chances de prosperar, al menos en el corto plazo. En los tribunales federales de Comodoro Py son varias las personalidades sometidas a proceso por hechos similares en juzgados diferentes. Por caso, Oyarbide y Claudio Bonadío mantienen en marcha causas ligadas a la denominada mafia de los medicamentos, en tanto que son varios los magistrados que investigan presuntas irregularidades cometidas por el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime sin que la Cámara Federal hubiese ordenado, todavía, unificar los expedientes.

Son varios los motivos por los cuales el exapoderado prefiere un magistrado en lugar del otro. Schoklender sospecha que Oyarbide no moverá el expediente más allá de los deseos de la Casa Rosada, y que entre tanto mantendrá a los imputados sometidos a una parálisis financiera casi total. El temor principal, sin embargo, es que después de las elecciones el Gobierno no tendrá razones para preocuparse por las denuncias mediáticas de Schoklender y lo dejará librado a su suerte.

Si bien Schoklender alega a su favor que Martínez de Giorgi recibió la primera denuncia -presentada por un abogado, Jorge Luis Vitale, con ambigüedades y sin imputar de delitos concretos-, también pesará a la hora de evaluar una posible disputa de competencia el hecho de que Oyarbide produjo más pruebas que su colega, al menos hasta ahora.

De hecho, Martínez Di Giorgi recién hoy logrará sentar a los técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN) para arrancar con un análisis exhaustivo de las obras de Madres, los recursos cobrados y los valores de tasación de las viviendas. Oyarbide, en cambio, le pidió al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema encarar esa misma tarea junto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la UBA, semanas atrás.

La creencia generalizada es que ambas causas podrán seguir su curso en paralelo por bastante tiempo. Mientras Oyarbide investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender junto a su entorno de socios y familiares, Martínez Di Giorgi tiene como imputados al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a Bonafini.

En tanto, la UIF fue aceptada ayer como querellante a instancias de la Cámara Federal. Oyarbide le había negado esa participación al recordar que el jefe de la entidad, José Sbatella, está imputado en otro juzgado por la supuesta demora de más de un año en entregarle a la Justicia reportes sospechosos sobre los Schoklender. La Sala I del tribunal entendió que la imputación en contra de Sbatella no impide que la UIF, como institución, pueda constituirse como querellante y tomar parte del expediente.