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Schoklender quiso declarar y Oyarbide lo mandó a la cola
Sergio Schoklender
El resultado del allanamiento de ayer fue el movimiento más importante del expediente, que arrancó la semana pasada con una presentación judicial de la Unidad de Información Financiera (UIF), abierta, a su vez, por una denuncia de dos diputadas de la Coalición Cívica planteada un año atrás. En las oficinas de Meldorek, en Alvarez Thomas al 200, el personal de la División Unidad de Investigación Técnica del Delito se abocó a las dos cajas fuertes cuya apertura había quedado pendiente desde el viernes pasado, cuando comenzó el operativo.
De su interior extrajeron una carabina calibre 22 cargada; una escopeta de 16 y el cañón de una pistola nueve milímetros sin numerar, aunque se cree que ese faltante tiene que ver con que se trata de un arma nueva. El abogado del exapoderado, Adrián Tenca, le dijo a este diario que las armas eran de los dueños anteriores del inmueble. También fueron secuestrados cientos de talonarios de chequeras, así como cheques anulados y rebotados.
Por la mañana, Schoklender se presentó a las 7.45 en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde funciona el juzgado de Oyarbide. Junto con Tenca, el exapoderado concurrió cargado con ocho cajas de documentación que pidió incorporar al expediente.
Pasadas unas tres horas de espera fueron recibidos por Carlos Leiva, secretario de Oyarbide, quien les comunicó que el magistrado había resuelto no tomarle declaración a Schoklender hasta haber analizado los elementos secuestrados en los allanamientos y la nueva documentación aportada por el propio sospechoso. De hecho, debieron salir a la calle para comprar una caja y en ella introducir los papeles, precintar aquélla y dejarla nuevamente en el tribunal.
Cumplida la breve entrevista con el secretario, Oyarbide dispuso implantar el secreto de sumario. En paralelo, ayer terminó de cumplirse una orden de inhibición general para los movimientos financieros de los hermanos Schoklender y del resto de los acusados, así como de las empresas ligadas a todos ellos. La orden les impedirá cualquier operatoria bancaria, financiera o comercial sobre los bienes y propiedades mencionados en la denuncia original.
Antes de decretar el secreto, Oyarbide hizo lugar a un pedido del fiscal Jorge Di Lello: le dará intervención al fiscal especial de la unidad antilavado Raúl Pleé, quien tomó la denuncia original de la UIF.
El juez volverá hoy a reunirse con Di Lello -en su último día de trabajo antes de tomarse una semana de vacaciones- para acordar el esquema de las primeras declaraciones testimoniales, que se prevé comenzarán la semana que viene. En esa ronda serán llamados funcionarios encargados de la distribución y el control de los fondos que recibía la fundación Madres de Plaza de Mayo para los emprendimientos inmobiliarios que llevaban a cabo Meldorek y el resto de las empresas asociadas a Schoklender.
El abogado Tenca explicó que su defendido ya había presentado el viernes un escrito ante el juzgado de Oyarbide para ponerse a su disposición. «Fueron presentaciones espontáneas. El juez entendió que primero analizará la documentación», agregó el letrado. Tenca es un abogado que se hizo conocido en los 90 como defensor de Héctor «Yayo» Cozza, uno de los nombres que hizo famoso el denominado caso Coppola y entonces novio de la mediática Samantha Farjat. Luego representó a Fabián Tablado, el joven sentenciado a 24 años de prisión por haber asesinado de 113 puñaladas a su novia en 1996.

