Buenos Aires - El gobernador Daniel Scioli acelera un paquete de medidas para acceder a nuevas fuentes de financiamiento -vía, por caso, préstamos de cajas previsionales de profesionales- y para alentar el desembarco de mayores inversiones privadas a la provincia.
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En el oficialismo dan por sentado que en la próxima sesión del Senado bonaerense se convertirá en ley el proyecto que crea un bono destinado a financiar el costo de repatriar capitales -del 1%-, tras el blanqueo lanzado por Cristina de Kirchner y que ya fue sancionado por el Congreso nacional. El bono podrá ser utilizado para pagar impuestos provinciales.
Ayer, el ministro de la Producción local, Alejandro Arlía, se reunió con el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, para ultimar detalles sobre la estrategia para atraer inversiones repatriadas al territorio provincial.
Arlía resaltó como una de las estrategias «la creación de fideicomisos junto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para atraer y redireccionar las inversiones hacia emprendimientos con alta rentabilidad».
Por su parte, el subsecretario de Comercio, Industria y Minería, Ariel Schale, señaló que «la provincia viene con un ritmo de crecimiento de las inversiones productivas, con más de 3.500 millones de dólares en este primer trimestre, lo que se puede duplicar a partir de la implementación del régimen de repatriación».
En paralelo y en una suerte de «ANSES» financiadora, el gobierno de Scioli ya acordó con algunas cajas previsionales -que administran los aportes de profesionales- un préstamo por $ 111 millones. A cambio, recibirán un bono en dólares a 7 años, garantizado con los recursos de la coparticipación (aunque la decisión de emitirlo no es aún un hecho).
Según el Acta de Compromiso de Suscripción al Bono Cajas Profesionales, rubricada por los presidentes de las entidades, la caja de los profesionales de Ciencias Económicas prestará $ 30 millones; mientras que las de médicos y farmacéuticos aportarán $ 20 millones (cada una); la de ingenieros, $ 12 millones; las de escribanos y abogados, $ 10 millones (cada una); los veterinarios, $ 4 millones; los odontólogos, $ 3 millones; y los bioquímicos, $ 2 millones.
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