Scioli modifica polémico sistema de retenciones

Daniel Scioli

Buenos Aires - La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) anunció la modificación del padrón de contribuyentes presuntos, luego de los problemas y reclamos generados por el supuesto cobro indebido de retenciones sobre Ingresos Brutos en cuentas de empresarios del interior, especialmente de Córdoba y Santa Fe. Incluso, en los últimos días los gobernadores Juan Sciaretti y Hermes Binner se habían comprometido ante las cámaras empresarias a interceder ante el gobernador Daniel Scioli para trasladar el malestar.

El titular de ARBA, Martín Di Bella, explicó que «los equipos técnicos de la agencia perfeccionaron el padrón a fin de otorgarle mayor transparencia a una herramienta muy útil para combatir la evasión». A partir de las modificaciones en el sistema, para que una empresa sea considerada contribuyente presunto debe ser informada por, al menos, dos agentes de retención y, como mínimo, dos de percepción en territorio bonaerense.

La modificación del registro no significa sin embargo anular la resolución implementada por el ex recaudador bonaerense Santiago Montoya. Según voceros del ente provincial, la utilidad de este instrumento antievasión quedó clara en los últimos meses, cuando más de 500 empresas detectadas reconocieron su situación y se incorporaron, de acuerdo con cada caso, al Convenio Multilateral o a los registros de ARBA.

Las retenciones que el organismo efectúa a empresas de otras jurisdicciones, cuando se tienen datos fidedignos de que esas firmas operan en la provincia de Buenos Aires, se basan en el principio de sustento de territorialidad que contempla el Convenio Multilateral (que rige cuando un mismo contribuyente registra actividades en dos o más provincias del país). Cuando esas personas físicas o jurídicas no figuran inscriptas en los padrones de ARBA, y tampoco se encuentran en los listados del Convenio Multilateral, la normativa de la provincia de Buenos Aires faculta a la agencia a implementar las retenciones, como una herramienta para combatir la evasión tributaria obligando a la regularización del contribuyente.