Se amplía una medida que existe desde 2005

El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, explicó ayer a este diario que «la medida tomada por el juez Thomas Griesa, amplía el embargo trabado por el fondo Elliot en 2005, cuando la Argentina anunció el pago al FMI». Dijo que la suma embargada pasó de u$s 105 a u$s 106,7 millones.

Indicó que «son fondos que el Banco Central tiene depositados en la Reserva Federal como una garantía de las operaciones», y que el embargo no modifica el destino del dinero frente a la Fed. «No tiene efectos prácticos porque la garantía debe mantenerse, lo único que garantiza al demandante es que los recursos no serán expatriados».

Guglielmino explicó que en los fundamentos del fallo, Griesa se refirió al decreto de necesidad y urgencia 2010 que habilita la creación de un fondo para garantizar el pago de la deuda. «Pero, dijo, no necesitaba fundamentar en el DNU para ampliar el embargo».

El funcionario agregó que «no es un tema de la procuración, porque ésta defiende al Estado nacional en organismos supranacionales, como el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) pero no puede ejercer en el tribunal de otro país». Indicó que la defensa de los embargos de los bonos está a cargo del estudio Cleary Gottieb, mientras que al Banco Central lo representa el estudio Sullivan & Cronwell.

En el orden local, Guglielmino presentó ayer «un escrito de avocación en la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para solicitarle que pida el expediente a la jueza Sarmiento y resuelva la apelación».

También indicó que hoy presentará a la magistrada un pedido de elevación inmediata a la Cámara, invocando que los derechos de la defensa ya están asegurados , pero que «la situación, en especial la reposición de Martín Redrado en el Banco Central, es de tal gravedad institucional que en este caso el derecho está ligado a la velocidad de los pronunciamientos».

«El agraviado es el Estado», afirmó Guglielmino, y agregó que «el DNU que crea el Fondo del Bicentenario es una norma diseñada para tener un efecto inmediato en los mercados con vistas a la presentación del canje de la deuda». «Por eso - ratificó- una parte sustancial para el Estado es la rapidez».

Guglielmino también dijo que ya el viernes 8, el Estado respondió al pedido de informes formulado por la Corte Suprema debido a la presentación de la provincia de San Luis cuestionando la legitimidad del uso de las reservas.