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Se enredó pelea por quién elige jueces
Diana Conti
La definición de los cargos se postergó hasta la semana que viene, fecha definitiva para dar inicio oficial a las actividades del Consejo, ya que se realizará el primer plenario del año. Las presidencias, sin embargo, ya están prácticamente decididas, como había anunciado este diario. La Comisión de Disciplina y Acusación sería presidida por la consejera oficialista (y ex vicepresidenta del cuerpo) Diana Conti, Administración estaría a cardo de Marcelo Fuentes, y el titular de Selección sería el consejero académico Mariano Candiotti.
El debate se centra en quién manejaría la Secretaría de Selección de jueces, una discusión que compete sólo al oficialismo. La comisión que engloba esta área será fundamental en medio de un año electoral y con una larga lista de jueces interinos esperando oficializar sus cargos. Concentrarse en el manejo de las comisiones por parte del oficialismo puede ser una excelente oportunidad para ganar poder en espacios menos expuestos, como la presidencia del cuerpo, y desde ahí disputar con la oposición, que de alguna manera tiene el control formal del cuerpo (el juez Luis María Bunge Campo, presidente del Consejo, es de raigambre radical y el vicepresidente, Ernesto Sanz, es senador por la UCR).
Convulsión
En este sentido, la altísima probabilidad de que se confirme a la diputada kirchnerista como presidenta de Disciplina y Acusación promete un año convulsivo para el área, que empezó a plantear su línea ayer mismo: Conti solicitó al cuerpo que se le requieran al fiscal Félix Crous todos los antecedentes de prescripciones de acceso a la prensa que el Tribunal Oral N° 5 hubiese dictaminado en juicios por crímenes de lesa humanidad. El TOP 5 generó un escándalo mediático al impedir el martes la entrada a un fotógrafo (previamente autorizado) a la sala en la que se desarrolla el proceso contra Jorge Olivera Róvere, acusado de 116 presuntos secuestros y desapariciones, durante el último gobierno militar. Si bien el periodista gráfico finalmente accedió a la sala, la primera restricción alimentó denuncias de organismos de derechos humanos y ahora pedidos de investigación en la Magistratura.
La consejera aseguró que el pedido -que fue aprobado por unanimidad- no implicaba la apertura de un expediente acusatorio para los magistrados a cargo, pero ya da cuenta de un estilo que se había manifestado semanas atrás, cuando anunció que iba a impulsar un expediente iniciado el año pasado sobre el comportamiento de los jueces frente a los cortes de ruta. En esa oportunidad también había asegurado que la propuesta no tenía que ver con la intención de penalizar a magistrados, sino de abrir el debate sobre la postura a adoptar, pero resulta insoslayable preguntarse sobre la medida como una forma solapada de presión, más aún cuando los representantes del campo no dejan de amenazar con nuevos paros. Avancen o no avancen estas propuestas, el año electoral promete un Consejo politizado como pocas veces en su historia.


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