Seguridad en subtes no es tema judicial

Mauricio Macri junto a Carolina Stanley -ministra de Desarrollo Social-, presentó ayer un sistema de botones antipánico que serán distribuidos entre mujeres víctimas de episodios de violencia doméstica.

Mientras Mauricio Macri define hoy si presenta otra demanda contra el Gobierno nacional, la Justicia Federal falló ayer en contra del Gobierno porteño al rechazar un amparo ante la decisión del kirchnerismo de retirar a la Policía Federal de los subtes.

Es decir que, aunque por ahora Cristina de Kirchner prolongó la permanencia de policías en los andenes, podrá nuevamente decidir su retiro.

La resolución tiene fundamentos que, para el PRO «son excelentes» a pesar de la decisión adversa a su demanda. En principio, la Justicia había dispuesto no innovar hasta resolver la cuestión de fondo, pero en ese ínterin, el Gobierno nacional decidió prolongar la permanencia de los federales en los andenes para «darle más tiempo» al macrismo de disponer de la Metropolitana. Macri sostuvo que su administración no estaba en condiciones de hacerse cargo de la seguridad en los subtes y además rechazó la transferencia que ya había aceptado.

Así, la jueza Rita Ailán, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 4, rechazó la demanda del PRO.

La magistrada abundó en fundamentos precisos sobre cuándo la Justicia tiene que admitir un amparo y consideró que en el caso planteado por el Gobierno porteño, no correspondía.

Además, la jueza explicó en el fallo la doctrina de las llamadas «cuestiones políticas no judiciables», para considerar que las decisiones del Ministerio de Seguridad, que conduce Nilda Garré, «han sido bajo su responsabilidad, en virtud del principio de la división de poderes, en el marco de sus atribuciones y valorando la oportunidad y mérito de las mismas».

Para el procurador porteño, Julio Conte Grand, «el fallo es excelente» porque dice que «es decisión del Gobierno nacional, pero también es su responsabilidad la seguridad». Para el ministro porteño, Guillermo Montenegro, «el fallo es correcto pero no significa retirar la Policía de los andenes».

La jueza Ailán destacó que para evitar el llamado «gobierno de los jueces», el Poder Judicial no debería asumir atribuciones que son de otros poderes.

Señaló además que «el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida que el ejercicio de esas facultades discrecionales no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario».

La pelea judicial de todos modos no termina porque hay por lo menos otras dos demandas en curso, aunque ninguna resolverá si Macri debe tomar el control de los subterráneos que le traspasó el Gobierno nacional.

El lunes próximo, en el Ministerio de Trabajo volverá a esperar a que un funcionario de Macri se siente en la mesa de las negociaciones paritarias, como lo hizo el miércoles Juan Pablo Piccardo después de que Carlos Tomada lo mandara a buscar con la Policía.

En ese sentido, el Gobierno PRO definirá hoy si es conveniente que Piccardo vuelva a la cartera laboral o no. Pero, si Tomada insistiera en mandar los patrulleros de la Federal, Macri podría manifestar una acusación por presunto «abuso de autoridad». Para el macrismo fue incorrecto el uso de la fuerza pública, mientras que para la cartera laboral hay normas que lo avalan. Según el PRO, «no para esos casos».

El Gobierno porteño se niega a aceptar los subtes y por eso considera que no le corresponde participar de reuniones por la suba de salarios de los empleados del transporte.