Senado aprobó impuestos de Cristina: sube gasoil

Postales de la sesión de ayer en el Senado. José Pampuro presidió, mientras Julio Cobos reemplazó a Cristina de Kirchner. Miguel Pichetto, tranquilo, no tuvo problemas con el número. Adolfo Rodríguez Saá se mantuvo enfrente del Gobierno.

Tal como se lo prometió Miguel Pichetto a Néstor Kirchner la noche del martes, en el acto que el kirchnerismo organizó en el Correo, el Senado convirtió en ley ayer todo el paquete impositivo y la prórroga de la Ley de Emergencia Pública, en los mismos términos en que lo había pedido Cristina de Kirchner. Ayer el Senado convirtió en ley la prórroga por un año más del impuesto al cheque, el especial del 7% sobre los cigarrillos, las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales, la suspensión de la exención en Ganancias para reintegros y reembolsos a las exportaciones y la suba del 21% al 22% de la alícuota sobre el tributo al gasoil.
El kirchnerismo no tuvo demasiados problemas, más allá del largo debate que se demoró durante toda la tarde, no sólo para aprobar los proyectos impositivos, sino también para reunir la mayoría especial que exige la Constitución para aprobar leyes que modifiquen las asignaciones de la Coparticipación Federal.
De hecho, el oficialismo aclaró, como era obvio, que no aceptaría ninguna modificación a los proyectos ya que en ese caso deberían volver a Diputados: «Es, en términos reales, como autorizar al Poder Ejecutivo a que vaya a la guerra y después negarle los soldados», dijo el correntino Fabián Ríos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El radicalismo se opuso a convalidar otra prórroga del impuesto al cheque si no se modificaba la distribución. De hecho, el mendocino Ernesto Sanz denunció que su provincia pierde por cuestiones vinculadas a la mala distribución de impuestos y ATN «casi dos mil millones de pesos al año». El jujeño Gerardo Morales llegó al límite de anunciar que denunciaría la ley por inconstitucional.
La votación comenzó mientras presidía el Senado José Pampuro. Tuvo que autorizar el bonaerense que la salteña Sonia Escudero se abstuviera de votar la prórroga de la Emergencia y que Juan Carlos Romero, en la misma línea, cuestionara la distribución del impuesto al cheque. Finalmente, tras todas las aclaraciones sobre oposiciones y disidencias relativas a los proyectos, todo el paquete se votó en bloque.
La modificación al Impuesto a los Bienes Personales se aprobó minutos después por 59 votos a favor y 7 en contra. Ese proyecto ratifica que existe un mínimo exento de $ 305.000 para ese tributo y no un mínimo no imponible, como rigió hasta la última reforma que encaró Néstor Kirchner. Es decir, quien supere ese monto en su declaración de bienes deberá pagar sobre la totalidad y no sobre el excedente. También amplía la aplicación de ese impuesto a los fideicomisos no financieros.

Dragados

Lo siguió el proyecto sobre dragados y señalización de vías navegables que se aprobó casi por unanimidad.
La votación de la prórroga del impuesto al cheque no fue tan pacífica. «Vamos a votar en contra del impuesto al cheque», arrancó Morales. Lo siguió la peronista santafesina Roxana Latorre, que anunció que tanto ella como Carlos Reutemann apoyarían la prórroga de impuestos en general, pero rechazarían el artículo sobre el tributo sobre débitos y créditos bancarios, específicamente por la distribución. Lo mismo hizo María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.
Esas quejas se vieron luego en el tablero de votaciones: 45 votos a favor, 20 en contra y una abstención. Fue la mayor diferencia en contra que tuvo el Gobierno ayer por la tarde en el Senado y todo se debió a que no se modificó la distribución de la recaudación de ese impuesto que va el 70% a la Nación y el 30% a coparticipar con las provincias.
Más populoso fue el apoyo a la prórroga del impuesto especial del 7% sobre los cigarrillos, que sumó 63 votos a favor contra 3.
Luego vino el turno de la Ley de Emergencia Pública, que prorroga las facultades cedidas al Gobierno por el Congreso en un nivel tanto o más amplio que la que Eduardo Duhalde les pidió a los legisladores en 2002, cuando utilizó esa misma ley para salir de la convertibilidad. Así quedará renovada la emergencia económica, sanitaria, ocupacional y alimentaria; el Gobierno podrá seguir renegociando contratos de concesión y tarifas con las empresas de servicios públicos privatizadas sin pasar por el Congreso y hasta podrá reinstaurar por decreto la doble indemnización.