27 de octubre 2014 - 00:00

Senado arranca áspero debate por el Código Procesal Penal

Julio Alak
Julio Alak
 Arranca el Senado mañana la discusión del nuevo Código Procesal Penal que el Gobierno anunció como medicina para buena parte de los males que alimentan la inseguridad. La convocatoria al plenario de comisiones que debatirá este tema (Asuntos Penales y Justicia y Presupuesto y Hacienda) fue inmediata al ingreso del proyecto el miércoles pasado. El Gobierno no quiere perder tiempo: tras el inicio de los debates, habrá un mes de consultas y sesiones de comisión para despachar el Código y aprobarlo en el recinto a fines de noviembre, antes que terminen las sesiones ordinarias. Luego, Cristina de Kirchner deberá decidir si convoca a sesiones extraordinarias para que Diputados convierta en ley el nuevo Código Procesal Penal.

Mañana, Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, inaugurarán el debate en el Senado. Concurrirán al plenario de comisiones en el Salón Azul a las 15 para exponer sobre los principales puntos de la ley.

La línea general del proyecto es que modifica el impulso de la acción pasando de un sistema inquisitivo al acusatorio mixto, como definió la Presidente, fortaleciendo el poder de los fiscales. Además, establece una reducción de los tiempos de los procesos judiciales.

A pesar de que la oposición lanzó un apoyo en general al proyecto no bien fue anunciado por Cristina de Kirchner, con el paso de los días el frente se dividió y aparecieron críticas sobre diferentes artículos.

El radicalismo fue el primero en avisar, en boca de Ernesto Sanz, la oposición a la modificación que dispone la expulsión de extranjeros atrapados in franganti. Sostiene Sanz que, aunque se trate de pequeños delitos, esa disposición no puede aplicarse sin antes llevar a juicio al acusado.

También se cuestiona el artículo 34 del proyecto que otorga poder a la Procuración General a cambiar el destino del sorteo de causas: "Facúltase al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación a disponer lo concerniente a la forma en que se hará la asignación de nuevas causas a las fiscalías y defensorías creadas en esta ley, como así también la distribución de las existentes".

Esa facultad le da poderes ilimitados al cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó para decidir qué juez se ocupará de cada causa en el fuero penal.

Otro punto en discusión es la valuación de la conmoción social de un delito a la hora de decidir la prisión preventiva del acusado.

"Me sorprendió que el Frente Renovador apoye el proyecto. Espero que la oposición haya tomado conciencia de que no sirve oponerse a todo", dijo ayer Álvarez a los medios. "La conmoción social lo determina la posibilidad de que el sujeto que cometió el delito se vaya en fuga. Si hay reincidencia, hay prisión preventiva. La conmoción social es un caso flagrante y notorio, como por ejemplo el caso del padrastro que asesinó a dos hijastros. O el caso de Ángeles Rawson. Estamos hablando de casos muy contundentes, dentro del supuesto de peligro de fuga".

De todas formas, aclaró que ese punto "hay que dejarlo bien discutido en el Congreso", para que los jueces interpreten el espíritu que le dieron los legisladores.

Álvarez confirmó ayer otro punto que estaba en duda en el Congreso: Cristina de Kirchner enviará antes del final de su mandato el proyecto de reforma del Código Penal. "Nosotros tenemos una estrategia de trabajo que tiene que ver con un cambio legislativo profundo y fuerte. Vamos a enviar el Código Penal y esperamos que se sancione", dijo.

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