La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el legislador peronista Pedro Guastavino, firmó ayer un dictamen de mayoría para activar el nuevo régimen de subrogancias para jueces y conjueces votado el año pasado en Diputados y que la Cámara alta intentará sancionar el próximo miércoles en el recinto.
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De esta manera, el Congreso arreglará el problema generado luego de una viciada ley kirchnerista que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema a fines de 2015, que expresó vía unánime que se afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, y que además permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional.
"El proyecto se da como fruto de tantas experiencias complicadas. Esta ley es bastante objetiva, resume experiencias y establece algo que es trascendental: el sorteo público para despejar dudas acerca de cómo se activarán las subrogancias de todos los tribunales", destacó durante el encuentro el senador del peronismo Rodolfo Urtubey.
La iniciativa otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección. También se delegarán a las Cámaras competentes las herramientas necesarias para que procedan a la designación de jueces subrogantes.
Para los magistrados de primera y segunda instancia y tribunales orales, se privilegiará que la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.
En tanto, se impondrán reglas objetivas para las subrogancias de las distintas Cámaras Federales y Nacionales de Apelaciones, así como en lo atinente a la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Retoques
Los senadores de la comisión también firmaron el despacho de una iniciativa para actualizar el nuevo Código Procesal Penal sancionado durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, cuya activación suspendida durante el actual Gobierno- comenzará de manera gradual desde octubre próximo en Salta, Tucumán y Jujuy.
De acuerdo a lo explicado por los legisladores, se agregarán las leyes relacionadas con flagrancia, juicios unipersonales, protección de víctimas de delitos y responsabilidad penal empresaria, entre otras.
Además, se establecerán parámetros claros sobre las prisiones preventivas a través de 17 medidas, que también incluyen escalas previas como prohibición para salir del país, retención de pasaporte y prisión domiciliaria.
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