Senado: fuertes críticas al régimen que pena a empresas

Oficialismo y oposición reacomodan despiole generado en la Cámara de origen, donde se votó a los ponchazos un dictamen con varios agregados massistas. Riesgo de inconstitucionalidad.

Revisión. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió en el Senado la reactivación de la denominada cláusula Odebrecht, que permite acuerdos administrativos de colaboración por hechos anteriores a la ley.

El Senado comenzó ayer a debatir el régimen de responsabilidad penal empresaria con dos puntos claros que anticipó días atrás Ámbito Financiero: el proyecto no sólo será modificado y volverá a Diputados en segunda revisión, sino que los legisladores y expositores activaron lupa en el articulado ante advertencias de inconstitucionalidad.

La iniciativa fue aprobada a los ponchazos en Diputados: el oficialismo cedió ante el serpenteante Sergio Massa, quien aprovechó la ocasión para morder el texto. Eso derivó en una situación insólita obviada por una siesta en conjunto del oficialismo y la oposición en esa Cámara: se modificó un artículo del Código Penal, pero sin aumentar las penas durante la votación en general, y en la discusión en particular se incorporó un cambio para subirlas.

Ayer, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pedro Guastavino (PJ), moderó la primera reunión para analizar el proyecto y recibió a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso (PRO), quien dejó clara la insistencia del Gobierno -tal como contó este diario- para reactivar un artículo que no avaló Diputados más denominado como "cláusula Odebrecht".

Ese punto -el artículo 37 del dictamen de mayoría, que no prosperó- planteaba que las personas jurídicas podrían "solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz" por "hechos anteriores a la sanción de la presente ley". Esa negociación sería llevada adelante por la Procuración del Tesoro y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. Es decir que para casos como Odebrecht no intervendría la Justicia penal, que sí se ocuparía desde la sanción del proyecto.

Alonso señaló la necesidad de un artículo de ese calibre para poder "generar un acuerdo administrativo que permita obtener información sobre personas físicas tanto de las empresas como del sector público y generar el pago de las multas correspondientes". La titular de la OA también exigió retocar el artículo 1 del proyecto -volver a cinco ilícitos relacionados con la corrupción y no todos los delitos del Código Penal- y del 20. Sobre este último punto, la funcionaria dijo que "si una persona jurídica (...) decide un acuerdo de colaboración a cambio de información, es importante que quede claro que la cooperación es a cambio de suspender la persecución, no de eximir la responsabilidad".

En tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, disparó: "Una ley no tiene que ser una declaración de buenas intenciones sino un mecanismo para lograr una verdadera lucha para vencer en la batalla contra la corrupción. Este proyecto fue sacado de apuro y podemos perder una buena posibilidad (...) Esto termina en declaración de inconstitucionalidad".

Rizzo además advirtió que la iniciativa votada en Diputados deja abierta la posibilidad de los sujetos activos de la norma puedan ser "desde quien preside la empresa" hasta cualquier trabajador, y apuntó: "El derecho penal no es el civil y no se puede dejar al arbitrio del juez. En el derecho penal todo se encorseta". En ese punto coincidió la salteña Cristina Fiore, quien calificó esa posibilidad como un "exceso".

Alonso estuvo acompañada por la directora de Planificación de Políticas de Transparencia, Mora Kantor; y el director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra. Guastavino fue cauto en cuanto al avance de un dictamen. "El propio Ejecutivo está planteando modificaciones y observaciones, como también lo plantearon los colegios públicos de abogados y senadores de distintos bloques. Vamos a generar el debate con la profundidad y la responsabilidad que el proyecto merece y nos tomaremos el tiempo necesario, sin apuros, para arribar a un dictamen positivo". Otros, más optimistas, creen que el tema puede llegar al recinto el 16-8.