Senado vota el miércoles ley contra lavado que evita castigo del GAFI

Julio Alak, José Sbatella, Elsa Quiroz

Desaparecerá esta semana el fantasma de las sanciones que el GAFI podría aplicar al país si no se aprobaba antes de junio una modificación a la legislación contra el lavado de dinero. El Senado aprobará el miércoles, con acuerdo de oficialismo y oposición, la ley que incorpora al Código Penal la tipificación del lavado de dinero como delito autónomo. Es decir que para calificarlo no existirá más la limitación para los jueces de tener que subordinarlo a la existencia de otro delito. Pero como el proyecto que votó Diputados terminó incluyendo errores que complican a sujetos obligados como abogados, contadores y hasta fabricantes y distribuidores de autopartes, por mencionar sólo algunos ejemplos, esta semana los senadores despacharán una ley correctiva que ya está preparada y acordada.

En realidad, los asesores de todos los bloques no sabían si esta nueva ley sería tratada primero en Diputados o en el Senado, pero finalmente se decidió iniciarla en este último. El problema es que la parálisis en el recinto de Diputados es importante, al punto que se ensayará una sesión esta semana para dar una imagen de movimiento que hoy no existe. Esa Cámara está golpeada por las negociaciones en el armado de las listas y las internas en sí mismas.

Pero, además, hay un tema que desembarcará en la próxima sesión y traerá problemas al kirchnerismo. Dentro de la nueva ley contra el lavado de dinero, el oficialismo y la oposición negociaron por meses una reforma integral a la UIF. Finalmente, el acuerdo al que llegaron (ya que ninguno de los dos grupos tenía por sí los votos para aprobar su proyecto) terminó limitando esa reforma.

Ahora la Coalición Cívica, con el consentimiento de otros bloques opositores, quiere protestar en el recinto por el caso Sergio Schoklender y el manejo de fondos de las obras que llevan adelante Madres de Plaza de Mayo.

Más allá de las pujas, el macrismo y la UCR reconocen que hace un año existió una denuncia de la Coalición Cívica, impulsada por Elsa Quiroz, para que se investigara a Schoklender y que la UIF ni siquiera se movió para chequear los datos. Ese argumento es suficiente para que la oposición vuelva con el tema al recinto no ya para cumplir con la reforma que exige el GAFI para no sancionar a la Argentina por la debilidad en la legislación y los controles antilavado, sino para analizar lo que esta ley que debatirá el Senado finalmente dejó de lado en cuanto al funcionamiento de la UIF.

De todas formas, este debate no complicará al Gobierno, que necesita la ley aprobada antes del 20 de junio, cuando comiencen en México las deliberaciones del GAFI para analizar, entre otros temas, el caso Argentina.

No parece hoy que pudiera haber problemas en la sesión. Julio Alak, ministro de Justicia, ya les pidió a los senadores la sanción en una reunión de comisión donde se comenzó a firmar el dictamen del proyecto. Ese mismo día y frente a José Sbatella (titular de la UIF), los representantes de los bancos apoyaron la reforma.

Mañana a las 14 habrá reunión de comisión para firmar el despacho en la Comisión de Justicia. El jueves 2 habrá otra reunión de comisión para presentar la ley correctiva.

El proyecto aprobado a principios de mayo por Diputados incluye la tipificación como delito autónomo del lavado de activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado «autolavado».

El proyecto amplía, además, las facultades de la UIF. Los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a $ 300.000 y se estableció que quien realiza una maniobra de lavado por una suma inferior tiene la misma pena que el encubrimiento.

También se prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera.

Las autoridades de la UIF se elegirán por concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo podrá remover al presidente y vice de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia; y cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.

También se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de la UIF, establece que no podrá querellar. El plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.