Senado votó ley que garantiza a diarios el acceso al papel

El Senado clausuró ayer las sesiones extraordinarias convirtiendo en ley los proyectos sobre Papel Prensa y extranjerización de tierras. Nito Artaza, Ernesto Sanz, Juan Carlos Marino, Carlos Menem, Miguel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich y Amado Boudou animaron el debate.

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto oficial que declara de interés público la producción y distribución de papel para diarios. El debate terminó con una votación que el Gobierno ganó por 41 votos a favor, 26 en contra y la abstención del renovador salteño Agustín Pérez Alsina. Y abrió una brecha dentro de la oposición: el radicalismo, si bien votó en contra y se opuso a la idea del Gobierno, fue al recinto con un proyecto propio que avanza también, aunque por otro camino, en el control del papel para diarios.

El cierre estuvo a cargo de Miguel Pichetto, que terminó invocando el protagonismo de Julio Ramos, fundador y director de este diario, en la lucha por la igualdad de condiciones en la provisión de papel para todos los medios.

Pichetto le armó al Gobierno para esta ley una mayoría que, además, marca un piso que le garantiza el año que viene la votación de leyes complicadas. En los 41 votos deben incluirse (ver aparte planilla de votación) al porteño Samuel Cabanchik, de Proyecto Buenos Aires Federal; la pampeana peronista María de los Ángeles Higonet; obviamente, a Carlos Menem y al radical rebelde José Roldán. Otros nombres menos curiosos que se sumaron al kirchnerismo fueron el de la santafesina Roxana Latorre, los senadores fueguinos y las ausencias del recinto a la hora de votar de los radicales Emilio Rached y Pablo Verani, el peronista pampeano Carlos Verna y la correntina del Partido Liberal, Josefina Meabe.

Interés público

El proyecto declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización.

En la ley se propone «asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario». Para controlar ese proceso propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel, integrada por ocho senadores y ocho diputados de diferentes bloques parlamentarios.

Los artículos 40 y 41 fueron sin duda los más discutidos, ya que allí está el centro de la oposición al proyecto. Allí el texto dice que la empresa Papel Prensa «deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel» y presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.

Ese punto es que el se cuestiona por el incremento de participación del Estado, ya que se establece que los fondos para esa inversión sean provistos «en forma más que proporcional respecto de otros socios por el Estado».

La defensa del proyecto comenzó con el discurso de la presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, Liliana Fellner: «La empresa Papel Prensa ejerce una posición monopólica. Clarín dice que no se perjudica a quien no tenga cupo para comprar papel porque el importado sale u$s 680 y en Papel Prensa sale u$s 750, entonces importar sale más barato. Pero para conseguir ese precio es necesario hacer una compra de cinco mil toneladas juntas», dijo. «Actualmente existe en nuestro país una sola empresa que fabrica la pasta de celulosa y papel para diarios, que es Papel Prensa SA, empresa manejada mayoritariamente por Clarín y La Nación», dijo la jujeña.

Aníbal Fernández, más enfervorizado, sostuvo que «del total producido por Papel Prensa, Clarín y La Nación utilizan el 70 por ciento para cubrir su necesidad; el resto se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio un 15% mayor». De paso, aprovechó para seguir cultivando su interna con Alberto Fernández, al que catalogó de estar en la «otra vereda».

El radical Ernesto Sanz arrancó con las críticas: «La idea del interés público justifica el control estatal sobre una actividad privada, pero en el caso del papel para diarios es impensable, porque la Constitución impide dictar leyes que restrinjan la actividad de imprenta». Los radicales fueron al recinto con proyecto propio: el radicalismo «no acompaña al oficialismo en la propuesta del dictamen de mayoría», dijo y presentó su propio dictamen de minoría: «El Gobierno se encierra en la lógica de la pelea que no es la nuestra ni la de la sociedad».

Adolfo Rodríguez Saá también votó en contra, pero dividiendo aguas: «Estoy en contra de los monopolios privados y también estatales», dijo. Menos moderado, Luis Juez, del Frente Cívico, gritó: «Con un 54 por ciento de los votos, ¡¿a quién carajo le importa Papel Prensa?!».

Al final, Amado Boudou tomó la posta de la defensa oficial: «El acceso igualitario al papel para diario elimina la restricción de un insumo básico para la libertad de expresión que hasta ahora era manejado solamente por dos empresas: el Grupo Clarín y el diario La Nación. Esto se constituía en una barrera de entrada para el resto de las voces, sobre todo para los diarios de las provincias».