Sequía: demora el gobierno ayuda a los productores

A diez días del anuncio hecho por Cristina de Kirchner, ninguna provincia logró aún ser declarada en emergencia agropecuaria nacional. Tras mantener ayer en la Secretaría de Agricultura la segunda reunión de Comisión de Emergencia, los representantes de las entidades rurales y las provincias salieron disconformes, ya que entienden que el Ejecutivo estaría poniendo excesivo celo en la información requerida sobre daños ocasionados por la sequía.
Se determinó ahora mantener a la Comisión en sesión permanente. La semana próxima volverán a reunirse emisarios provinciales con técnicos de la SAGPYA -el lunes será el turno de Buenos Aires- para intentar avanzar en la aprobación de la emergencia nacional. Este beneficio implicaría que los productores, amparados en la Ley 22.913, puedan prorrogar hasta el 31 de enero de 2010 el pago de los impuestos a la Ganancia, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales.
«Falta voluntad política para acelerar la aplicación de la emergencia. El área técnica pone demasiado énfasis en los detalles», expresó a este diario uno de los representantes de las entidades que participó de la reunión de ayer, la cual fue presidida por la subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, Carla Campos Bilbao, ya que el secretario Carlos Cheppi se encuentra en México. Desde el Gobierno respondieron: «La voluntad de la Presidente y el secretario Cheppi es agilizar todos los mecanismos con la mayor rigurosidad técnica posible, trabajando con cada provincia para entender su situación particular», señaló Campos Bilbao.
Entre Ríos y San Juan fueron los distritos que más cerca estuvieron de conseguir aprobación ayer, pero finalmente el avance se frenó a la espera de más información. En principio, las diferencias se deben a que la Secretaría Técnica de la SAGPYA exige a las provincias (encargadas de recibir las declaraciones juradas de los productores) mayores precisiones sobre áreas y volúmenes de cultivos dañados. También existen demoras por la exhaustiva evaluación de la existencia de productores que posean seguros, ya que éstos no pueden contar con el beneficio de la emergencia. La posesión de sistemas de riego también excluye del Decreto 33 que reglamentó la ley de emergencia. Esta salvedad fue incluida en la resolución conjunta de la AFIP y la ONCCA. «Pedimos que se modifique esto. El arroz, por ejemplo, se produce todo con riego, pero en muchos casos directamente no hay agua en las napas», dicen las entidades.
Otro problema surge de la traba que existe para decretar la emergencia en distritos que hayan tenido esta ayuda cinco veces en los últimos 10 años. Esto perjudicaría a distritos como Chaco y Entre Ríos, en principio. Las provincias que ya declararon la emergencia agropecuaria son Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, en tanto Formosa se encuentra en proceso.
Este nuevo desencuentro entre el campo y el Gobierno alimenta los ánimos de protesta. Hoy la Federación Agraria cerrará su Consejo Federal en Rosario y definiría proponer a la Mesa de Enlace -que se reunirá dentro de siete días- la puesta en práctica de un extenso plan de medidas de fuerza.