Sigue pantano judicial en Cámara por casos contra DNU

Federico Pinedo

Las apelaciones del Gobierno por la suspensión de los decretos de necesidad y urgencia que dispusieron el uso de reservas del Banco Central y la remoción del titular de esa entidad, Martín Redrado, llegaron ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, pero este paso sólo encontró más trabas judiciales, inmerso en conflictos de procedimiento y presentaciones de los amparistas.

La situación judicial de ambas acciones de amparo es tan caótica y suma día a día tantas obstrucciones que ya es difícil estipular plazos o anunciar los próximos movimientos judiciales. Si bien el tribunal de alzada se habría reunido ayer para analizar las apelaciones elevadas por la jueza de primera instancia, María José Sarmiento, nada pudo hacer, ya que en uno de los casos el PRO recusó a uno de los jueces, por lo que el tribunal deberá constituirse nuevamente, y en el otro, la defensa de Redrado presentó un recurso de queja al ser salteados los pasos procesales que implican una causa ordinaria.

Por un lado, el PRO presentó ayer una recusación sin causa del juez José Luis López Castiñeira, quien tuvo que inhibirse obligatoriamente del caso que trata la suspensión del DNU 2010/09, el que dispuso el uso de reservas del Banco Central para la conformación del Fondo del Bicentenario. Esta es una de las medidas que permite el proceso ordinario, a diferencia del régimen de las acciones de amparo.

Presentación

Por lo tanto, la sala de turno de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se quedó con un solo integrante, Néstor Buján, ya que el camarista Carlos Grecco se apartó el martes pasado de ambos casos por «violencia moral». La falta de integrantes en la Cámara paraliza este proceso, por lo menos hasta hoy por la tarde, cuando se conformaría un nuevo tribunal con integrantes de turno de la Cámara Federal en lo Comercial y Civil.

La recusación interpuesta por el jefe de la bancada de diputados del PRO, Federico Pinedo -quien impulsa el caso junto con el diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay y otros legisladores de ambos partidos- llevó incluso a que la Cámara se reuniera ayer por la tarde con él para intentar que retirara el pedido.

Por otro lado, Pinedo también presentó recurso de reconsideración ante la jueza de primera instancia, en el que objetaba la elevación de las apelaciones ante la Cámara sin ser notificados previamente, ni tener oportunidad de contestar a la apelación del Gobierno, como está estipulado para los procesos ordinarios.

La jueza Sarmiento envió ayer a primera hora las dos apelaciones del Gobierno, como había anunciado. La magistrada habría argumentado lo expeditivo del trámite por la «gravedad institucional» de los expedientes, pero esta resolución provocó que tanto el PRO y la CC, como la defensa de Redrado interpusieran recursos de reconsideración y de queja respectivamente. Como la jueza hizo lugar a la ordinarización del proceso, correspondía que primero se notificara a las partes del caso, las que tendrían un plazo de cinco días para responder a la demanda. Nada de esto se dio.

En este sentido, el constitucionalista Gregorio Badeni, uno de los abogados de Redrado, explicó que «el traslado sobre las apelaciones nos debió ser concedido en el juzgado de primera instancia y no la Cámara». Por eso, presentó un recurso de queja solicitando que el expediente regresara a primera instancia para cumplir con los pasos del proceso ordinario, lo que implica una nuevo recurso para resolver que extiende los plazos de resolución.

Diferencias

La diferencia entre ambas demandas es que, en el caso de la que objetó la remoción de Redrado, el tribunal de alzada estaría en condiciones de pronunciarse, ya que sólo Grecco se apartó. Esto, siempre y cuando Castiñeira y Buján estén de acuerdo en la resolución; de lo contrario, también deberían pedir la intervención de un integrante de la Cámara en lo Civil y Comercial de turno.

En el caso del recurso de avocación presentado el martes pasado por el Gobierno, el tribunal de alzada probablemente lo considera abstracto, porque solicitaba que la Cámara analice los casos, que ya fueron elevados a esa instancia por la jueza Sarmiento.

Frente a esta maraña procesal, la Cámara en lo Contencioso Administrativo -una vez que esté constituida, en el caso de la demanda del PRO y la CC- tiene facultades para resolver que todas las medidas que no se tomaron en primera instancia y por las que los denunciantes reclamaron se lleven adelante directamente en esa instancia y pronunciarse de manera rápida sobre el fondo de la cuestión.

Claro que esta sería tarea del próximo tribunal de turno, ya que los trámites que implica el proceso ordinario, más allá de que la Cámara se defina por esta opción, llevarían varios días y a partir del 15 de enero comienza un nuevo turno en el tribunal de alzada. Por lo tanto, será tarea de las juezas Clara Do Pico y Marta Herrera pronunciarse sobre el tema, si es que no se presentan otros recursos que compliquen todavía más el trámite.