Sin rumbo, la oposición pide ahora dialogar con el Gobierno de Maduro

La MUD, que casi se fractura tras perder los comicios regionales y decidió no participar de los municipales, volverá a las negociaciones en República Dominicana. Habrá auspicio de la ONU, el Vaticano y países de la región.

RECALCULANDO. El líder opositor Julio Borges afirmó ayer que la coalición hará un nuevo intento de sacar del poder al chavismo mediante las urnas. No obstante, la fragilidad de la alianza continúa profundizándose.

Caracas - La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció ayer que está lista para retomar un proceso "serio" de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, y adelantó que están a la espera para acordar una fecha con República Dominicana.

"Queremos anunciarle a Venezuela que estamos listos para abordar un proceso de negociación y construir condiciones electorales para una salida democrática. La llave electoral resuelve la crisis humanitaria", dijo en una conferencia de prensa el presidente de la comisión de Política Exterior del parlamento venezolano, Luis Florido, elegido como delegado por la MUD en las conversaciones.

El diputado sostuvo que a la cita, con fecha aún por determinar, acudirán como facilitadores Naciones Unidas, el Vaticano y un grupo de países seleccionados por cada bando.

"Chile, México y Paraguay fueron elegidos por la MUD, y Bolivia y Nicaragua por el Gobierno", reveló y subrayó la "disposición" del presidente dominicano, Danilo Medina, de acoger "una negociación efectiva".

Maduro y la oposición han recorrido un espinoso camino de acercamientos fallidos hacia un diálogo. A fines de 2016 iniciaron una negociación que fracasó tras acusarse mutuamente de incumplimiento. En septiembre pasado la MUD congeló otros encuentros acordados en Santo Domingo.

La última crisis, no obstante, terminó debilitando la posición de la coalición antichavista. Tras perder en los comicios regionales de octubre, oficialmente la MUD acusó al Gobierno y al órgano electoral de propiciar el fraude.

Sin embargo, varias figuras opositoras e incluso candidatos que perdieron moderaron las acusaciones, dejando ene videncia la tensión interna en la oposición. Poco después, cuatro de los cinco gobernadores antichavistas electos juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) provocando fricciones entre las mayores fuerzas: Voluntad Popular, Acción Democrática -a la que pertenecen los juramentados- y Primero Justicia, cuyo líder, el excandidato presidencial Henrique Capriles renunció a la MUD.

Tras la tormenta interna y los pedidos de dirigentes de reemplazar la coalición por una nueva, los partidos mencionados decidieron no participar de los comicios a alcaldes convocados por la ANC para el 10 de diciembre.

Contradictoriamente, la oposición sí quiere participar en las elecciones presidenciales del año próximo. De allí su interés por retomar el diálogo.

Según el presidente del parlamento, Julio Borges, "la próxima cita electoral será en un tiempo corto" que estimó entre tres y siete meses.

"La meta es lograr una elección presidencial de confianza", donde "sea el pueblo venezolano el que tenga la última palabra", indicó.

En tanto, la Constituyente convocó ayer a los titulares de los ministerios de Educación, Cultura y Comunicación para discutir cómo se implementará la recién aprobada "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", una norma que castigará con hasta 20 años de cárcel actos de discriminación por raza, extracción social o ideología política, además de contemplar el cierre de medios y partidos que promuevan "el fascismo".

La norma, que también afectará a partidos que el oficialismo considere que promueven el odio, fue rechazada ayer por el parlamento.

"Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Esa es una ley que lo que promueve simplemente es la intolerancia en Venezuela", dijo Borges.

Mientras que el diputado opositor Tomás Guanipa consideró que tiene un corte "fascista" que además busca "obligar" a los ciudadanos a que no digan lo que piensan.

"No es una ley contra el odio, es una ley contra cualquier persona que pueda pensar distinto", señaló.

Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero